Desbaratan plan narco para asesinar a funcionarios, Frigerio aseguró que “no nos van a intimidar”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resaltó este domingo el trabajo coordinado entre el Estado provincial y la Justicia Federal que permitió desbaratar un presunto plan narco para asesinar a funcionarios judiciales y políticos. Según confirmó, la organización del ataque se habría gestado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, bajo la dirección del narcodelincuente Leonardo Airaldi, detenido desde marzo de 2024.

“Intentó desde la cárcel organizar un atentado contra la Justicia y el Estado”, señaló Frigerio en sus redes sociales, al tiempo que subrayó la importancia de la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. “Gracias al profesionalismo de nuestro Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal, el plan fue desbaratado”, afirmó.

El plan para matar al juez Ríos y al fiscal Candiotti, también incluía al ministro Roncaglia

El mandatario provincial también destacó la labor de los magistrados que intervinieron en la investigación. “Quiero reconocer la actuación del juez Viri y del fiscal Rebollo, cuya tarea fue clave para impedir que esta amenaza avanzara”, expresó.

Frigerio manifestó su solidaridad con las personas que iban a ser blanco del atentado: el juez federal Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia. “Estuve en contacto durante toda la jornada, especialmente con el ministro Roncaglia”, indicó.

Finalmente, el gobernador envió un mensaje político contundente frente al accionar del narcotráfico: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”, aseguró, reafirmando la decisión de su gestión de enfrentar con firmeza las amenazas del crimen organizado.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y el Consejo de la Magistratura, que intervino tras conocerse el plan criminal. El caso expone la capacidad del narcotráfico de operar desde las cárceles y la necesidad de reforzar los mecanismos de control penitenciario, pero también muestra la respuesta rápida y coordinada de las instituciones provinciales y nacionales para garantizar la seguridad de jueces y funcionarios. Fuente: APFDigital

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