La Cámara alta dio luz verde a la creación de 22 nuevas comunas y a cambios impositivos, pero el debate previo estuvo atravesado por advertencias sobre desfinanciamiento y pérdida de recursos para localidades ya existentes.
Redacción EL ARGENTINO
El Senado de Entre Ríos aprobó la creación de 22 nuevas comunas y avanzó con modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva, en una sesión especial presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani. Con la sanción del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, la provincia pasó de 82 a 104 comunas, reconfigurando el esquema institucional de pequeñas localidades del interior. Sin embargo, la decisión llegó precedida de fuertes cuestionamientos por el impacto presupuestario de la medida.
La iniciativa fue tratada sobre tablas y contó con respaldo mayoritario. El senador Rafael Cavagna, de Nogoyá, sostuvo que el proyecto complementó decretos ya dictados por el Ejecutivo y apuntó a otorgar mayor autonomía a comunidades rurales. En el mismo sentido, destacó que una gestión más cercana permitiría mejorar infraestructura y servicios básicos, además de favorecer el arraigo poblacional.
Desde el bloque Más para Entre Ríos, el senador Juan Pablo Cosso acompañó la propuesta, aunque advirtió que la creación de nuevas comunas sin modificar el actual índice del 1% de coparticipación implicaba un riesgo concreto. Señaló que, de mantenerse ese esquema, los recursos a distribuir se repartirían entre más localidades, generando una merma para las comunas ya existentes.
Ese planteo había sido el eje central de las críticas previas al tratamiento legislativo. Presidentes comunales habían alertado que el ascenso institucional, sin un incremento presupuestario, equivalía en los hechos a un recorte superior al 25% para las comunas actuales. La preocupación no estaba puesta en el reconocimiento político, sino en la capacidad real de sostener servicios y funciones que hoy cumplen los gobiernos locales.
En comisiones, representantes comunales expusieron que muchas comunas destinaban fondos propios para reforzar áreas que son competencia provincial, como salud, educación, seguridad y mantenimiento de caminos rurales. Advirtieron que, con menos recursos, esas tareas quedarían desatendidas, afectando directamente la calidad de vida de las poblaciones más pequeñas y vulnerables.
También se cuestionó la rapidez del proceso. Los decretos que dispusieron la creación de las nuevas comunas se dictaron con escaso margen temporal y sin un esquema claro de capacitación para las nuevas responsabilidades administrativas. Según se planteó, el riesgo era que las flamantes comunas asumieran más obligaciones, pero con menos herramientas que las actuales.