Bordet y Lauritto avanzan para la navegabilidad y la supuesta protección ambiental del río Uruguay

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

El río Uruguay corre un grave riesgo en materia de sustentabilidad si avanza la iniciativa –tal como viene sucediendo- de someter su explotación sin reales controles por parte de un Estado comprometido con los pueblos ribereños y la defensa del ambiente.

El gobernador Gustavo Bordet recibió ayer al presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Lauritto, justamente para avanzaron en las políticas para mejorar la navegabilidad y en el parte informativo indicaron que también pretenden avanzar “en la protección ambiental del río Uruguay”.

Si hay algo desprotegido que baña las tierras entrerrianas, ese es el río Uruguay y especialmente por quedar expuesto a las necedades de las políticas que implementa tanto la CARU como desde la represa de Salto Grande: dos entes con millonarios sueldos y presupuestos al servicio del mejor postor para explotar un río que nadie controla como corresponde, ni siquiera para atajar el contrabando en todas sus formas.

De todos modos, el encuentro entre Bordet y Lauritto se desarrolló en el despacho del gobernador en la Casa de Gobierno, donde analizaron “detalles de la navegabilidad del río Uruguay y las tareas de dragado que se están haciendo entre el kilómetro 0, Punta Gorda, hasta Paysandú-Colón”.

Sin embargo, nada se informó sobre la grave lesión a la soberanía que causó la flamante inauguración de la base naval militar en la cabecera Este del puente internacional General San Martín que vincula a Gualeguaychú con Fray Bentos. Base y puerto que fue construido violando –una vez más y de manera sistemática- tanto el Estatuto como el Digesto del Río Uruguay.

Eso sí, los funcionarios están prontos a “analizar” y a “implementar políticas” para la navegabilidad de modo de favorecer principalmente a los intereses logísticos fluviales de la contaminante planta de pasta de celulosa del proyecto Orion (UPM, ex Botnia).

Bordet y Lauritto no se reúnen –por ejemplo- para ver cómo puede hacer cancillería argentina para que se respeten los tratados internacionales y del Mercosur en materia de colaboración en el servicio de Justicia. Como ellos bien saben, el Juzgado Federal de Gualeguaychú tiene prohibido notificar a los gerentes de UPM de una causa por denuncia de contaminación, porque hay un decreto del gobierno del Uruguay que prohíbe esa instancia tan elemental que tienen las sociedades civilizadas para dirimir sus conflictos. ¿Y qué hace Bordet y Lauritto? Se reúnen para ver de qué manera ponen a disposición el río Uruguay a los herejes intereses económicos de grupos empresarios que solo piensan en el saqueo ambiental.

No es casual esta conducta. El gobierno provincial favorece a empresas como Altos de Unzué que acaba de desviar el cauce del río Gualeguaychú para llenar las lagunas artificiales de un emprendimiento inmobiliario denominado Amarras y ni siquiera es capaz de acatar fallos señeros como el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó restaurar el daño ambiental generado por esa empresa privada y de manera solidaria por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la propia Provincia.

¿Cómo protegerán ambientalmente al río Uruguay si desprotegen ambientalmente al río Gualeguaychú? ¿Cómo protegerán si ni siquiera acatan los fallos judiciales? Solo con la prepotencia de los hechos consumados, como lo hizo Botnia, como lo hace Amarras.

Navegabilidad y supuesta protección ambiental

Hay que tener en claro que cada vez que la CARU habla de protección ambiental del río Uruguay, ambientalmente se comete un latrocinio, es decir, una depredación, un despojo. Nada ha cambiado en la gestión Lauritto en la CARU, es más todo ha empeorado.

De todos modos y sin rendir cuenta de nada, Lauritto explicó que el proceso licitatorio terminó a principio de 2023. Especificó que el contrato tiene una duración de tres años y que garantizará el mantenimiento del dragado a 23 pies de navegación hasta Concepción del Uruguay, y a 17 pies hasta Paysandú-Colón.

Otro de los temas abordados fue la llegada de barcazas hasta Concordia-Salto, en el marco del rediseño estratégico del aeropuerto en Concordia. “Estamos en la etapa de los estudios de análisis de las situaciones ambientales y la posibilidad de profundizar más pies para el dragado del río Uruguay”, precisó.

Por otra parte, Lauritto indicó que trataron “La revisión del Digesto” y en ese contexto, “la posibilidad de constituir un grupo de trabajo para discutir las normas de protección ambiental del río Uruguay”. Un chiste, un verdadero chiste. El Digesto, cambiado a pocos días de finalizar la gestión de Mauricio Macri, fue modificado para favorecer los índices de vertidos que genera la contaminante UPM y cuatro años más tarde, a pocos meses de finalizar el mandato, recién constituirán un grupo de trabajo “para discutir”. Es una burla.

Por otro lado, también trascendió que tanto Bordet como Lauritto dialogaron sobre las gestiones que se están haciendo para articular institucionalmente la CARU con la Comisión de la Protección Ambiental del río Rin, el cual es administrado por siete países europeos. “El 27 y 28 de septiembre, una delegación argentina intentará concretar el vínculo con esta comisión tan relevante en términos de navegación como es la del río Rin”, detalló el presidente de la delegación argentina ante la CARU.

En otro orden, informó sobre la administración de los puentes y el incremento del flujo de tránsito en los enlaces Libertador General San Martín, que une Fray Bentos con Gualeguaychú, y el Artigas que une Paysandú con Colón. “Estamos coordinado con los organismos que administran los puentes las mejoras ante el aumento de tránsito en las épocas turísticas, por ejemplo”, apuntó el funcionario.

Por último, y a modo de cierre, el presidente de la Delegación Argentina ante CARU recordó que al asumir se propuso “continuar con una política pública como la navegabilidad mediante el dragado del río Uruguay, asegurar la protección ambiental y los programas de pesca para conservar los recursos pesqueros. Creo que es positivo mantener las políticas públicas, más allá de las dificultades que pueden darse”, concluyó Lauritto que dejará su gestión con una enorme deuda en materia de protección ambiental a un nivel casi irreversible.

Mientras tanto, el Uruguay inaugura bases y puertos militares sin dar intervención (como lo indican los tratados y acuerdos internacionales) y continúa adoptando decisiones de mala fe como ya advirtió la Corte de La Haya. Eso sí, ambas delegaciones se han puesto de acuerdo para hacer del río Uruguay una gran góndola “a precio cuidado” para el invisible mercado que transforma en desolación a los pueblos ribereños. El rico patrimonio de los orientales ya ha sido servido en bandeja a UPM Botnia y ahora con la navegabilidad quieren hacer lo mismo en lo que queda del tramo administrado por la CARU. Como nadie los frenó, van por más: eso queda claro.