
Lejos de corregir el servicio, desde que la obra social fue intervenida, hace cinco meses, se profundizaron los problemas existentes y se generaron otros nuevos. Los afiliados se acumulan en las delegaciones provinciales y las respuestas no llegan.

Redacción EL ARGENTINO
Atrasos en reintegros, prótesis y medicamentos: cómo el Ejecutivo generó las condiciones para disolver el Iosper. Es uno de los temas más complejos y con miradas más encontradas en la discusión política entrerriana. La intervención del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper), en diciembre pasado, por parte del Poder Ejecutivo, se hizo efectiva para denunciar sueldos millonarios y el mal manejo de la misma, al tiempo que se fueron creando las condiciones propicias para disolver la entidad y cambiarla por la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
Tras un paso exprés de prestadores, asociaciones profesionales, sindicatos, trabajadores y jubilados por las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Salud Pública y Drogadicción de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, la semana pasada el proyecto de creación de la OSER (con algunas modificaciones al original) tuvo dictamen y está en condiciones de ser tratado en el recinto.
El gobernador Rogelio Frigerio sostiene la necesidad de disolver el Iosper apuntando, sobre todo, a los sueldos elevados de su directorio (su presidente cobraba $16 millones, la mitad por antigüedad), y a las irregularidades en la compra de medicamentos y en los convenios con prestadores. Desde los sindicatos responden que esos puntos se pueden corregir sin la necesidad de disolución y sin reducir la representación de los trabajadores (que aportan un 3% de su salario todos los meses a la obra social) en el directorio. En este punto, la oposición avizora un “claro proyecto de acumulación de poder”, como, en diálogo con EL ARGENTINO, apuntó el senador (PJ) Víctor Sanzberro. “Con el control total del directorio, el gobierno suma lo totalidad del poder de la obra social”, aseguró.
Crear las condiciones para la disolución
Lejos estaba el Iosper, como cualquier obra social del país, de funcionar a la perfección. Pero, se impone una aclaración: hasta diciembre del 2023, la obra social de los estatales entrerrianos tenía superávit. Con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y la devaluación del 120% de diciembre del 2024, las cosas cambiaron.
Los valores de los medicamentos y de las prestaciones profesionales se dispararon fuertemente (en algunos casos, aumentaron 400 o 500%), mientras que los ingresos de los estatales quedaron muy retrasados, desfinanciando así a la obra social. Esta realidad comenzó a impactar en la calidad de los servicios ofrecidos entre abril y mayo del año pasado, sobre todo en las prestaciones y en los reintegros de Discapacidad.
“Además, se liberó la posibilidad de que las droguerías y las ortopedias puedan cobrar lo que quieran, lo que impactó fuertemente en la administración interna. Pero esto les pasó a todas las obras sociales del país, no solamente al Iosper”, expuso una importante fuente de la obra social que pidió resguardar su identidad por temor a represalias internas.
“La demora de las prótesis para cirugías era otro problema, pero con la intervención no se mejoró eso, de hecho, hasta el mes pasado no se había firmado ningún convenio, siguieron sin entregar prótesis. En abril, hace unos días, se firmó convenio con cuatro prestadoras, todas de Buenos Aires. Y, en este punto no es como dice el Gobernador, que teníamos convenio con una sola ortopedia, el convenio era con la Asociación de Prótesis y Osteosíntesis de la Provincia de Entre Ríos (Aposier), que rige a todas las ortopedias. El Iosper recibía prótesis de Ortopedia Centro y Ortopedia Paraná, por nombrarte algunas. De hecho, ahora salió Aposier a mostrar lo que se pagaba antes y lo que está pagando ahora la intervención, y ahora se está pagando más caro de lo que se pagaría con las ortopedias de Entre Ríos”, expuso la misma fuente.
“Recién en abril empezaron a llegar las ortopedias, siendo que la intervención había señalado este tema como uno de los principales a resolver. En el medio, hubo gente que falleció esperando un marcapasos o que, como pasó en la mayoría de los casos, tuvieron que hacer la compra de manera particular, siendo que son carísimas, pero no reintegraron nada a nadie, lo pagó el afiliado”, cuestionó.
“Lo mismo con los reintegros en discapacidad, siguieron pagando con mucha demora. De hecho, al día de la fecha, se deben varios meses de esas coberturas. Ese tema no está resuelto, ni mucho menos”, aseguró, por otra parte, uno de los responsables de las delegaciones del interior consultadas por EL ARGENTINO. Al tiempo que remarcó: “encima, dejaron sin trabajo a gente eficiente y comprometida, sin hacer una auditoría siquiera de lo que pasa fuera de Paraná. Del área de Farmacología, por ejemplo, sacaron cerca de diez personas, lo que, obviamente, generó demoras”.
El drama de los medicamentos
Los responsables de la intervención migraron a un nuevo sistema todos los planes de medicamentos, primero los de alto costo (oncológicos, VIH, trasplante, etcétera) y luego los crónicos comunes (discapacidad, tiroides, asma, epilepsia, entre otros). El problema con el que conviven en las delegaciones provinciales es que, según contaron, al momento no se ha cargado esa base de datos completa en el sistema.
“Esto generó que muchos afiliados pierdan la cobertura de al menos un mes y que otros todavía estén luchando para no perder el medicamento por dos meses. Hace diez días, recién, informaron a las farmacias sobre el nuevo sistema para validar la cobertura, y hay muchos medicamentos que aun no han sido cargados, como dije, por lo que no tienen cobertura aún. Esto genera que todos los días, todas las delegaciones de la provincia se saturen de gente que reclama por su medicamento. Es una situación terrible”, expresó un trabajador de jerarquía de una delegación de la costa del Uruguay. Y agregó: “a eso hay que sumarle que cortaron las líneas telefónicas donde nosotros podíamos encausar esos reclamos, hoy tenemos que reclamar por mail. Eso genera más demora y, lógicamente, mayor malestar entre los afiliados que se amontonan en las oficinas de atención”.
En esta línea, todas las fuentes consultadas marcaron la disminución de la cobertura dispuesta por la intervención como otro de los problemas generados: los medicamentos ambulatorios que tenían el 25% ahora tienen 40% (pero son la minoría), igual que los que tenían el 50%, que ahora también tienen el 40% (y son la mayoría).
Un proyecto de acumulación de poder
Por otro lado, EL ARGENTINO dialogó con el senador (PJ) Víctor Sanzberro, una de las voces que se ha manifestado en contra de la eliminación del Iosper. “Más allá de las modificaciones que se introdujeron al proyecto original la semana pasada, creo que es un proyecto que busca concentrar poder”, indicó.
“Por las comisiones del Senado pasaron afiliados, jubilados, trabajadores del Iosper, representantes de los trabajadores y pasaron los médicos nucleados en la Femer, quienes se expresaron en contra del apuro que tiene el gobierno para sacar esto y manifestaron la necesidad de mayor tiempo para estudiar los cambios. Más allá de eso, ante mi consulta opinaron que sería mejor modificar la ley vigente, que aprobar una ley nueva”, expresó el senador. Aunque reconoció que “la obra social no venía bien”.
“Estamos de acuerdo que hay que cambiar cosas, pero esta no es la solución, porque las cosas que funcionaban más o menos bien, como la provisión de medicación oncológica o la entrega de medicamentos crónicos se complicó. Ayer en Victoria se suspendieron cinco tratamientos de quimioterapia, con lo que ello implica en la salud de estas personas”, denunció el legislador electo por ese departamento.

Por último, se refirió a uno de los puntos más controvertidos del proyecto que crea la OSER: la conformación de su directorio y la mayoría que tendría cada gobierno de turno. “La ley actual dice que el directorio del instituto se integra con representantes de los beneficiarios. Es un modelo de autogestión. El proyecto que ahora tiene dictamen dice que la obra social va a ser administrada por un directorio integrado por un presidente y un vice, por un lado, que son designados por el Ejecutivo; y, por otro, dos vocales que vana a representar a los trabajadores propuestos por los gremios mayoritarios de la mesa docente (Agmer) y de la mesa estatal (UPCN). Pero, si hubiera empate, quien desempata es el presidente designado por el Ejecutivo. Por lo que siempre tendrá la mayoría”, cuestionó Sanzberro.
En esta línea, desde la Delegación Paraná del Iosper indicaron a EL ARGENTINO: “El fundamento más firme que tienen ellos para denostar al Iosper es el salario que percibían los directores anteriores, con lo que coincidimos totalmente los trabajadores, porque también somos afiliados a la obra social. Pero es un cambio que tranquilamente puede hacerse en la ley actual, agregando o modificando artículos. Las razones esgrimidas por el Gobernador no son suficientes, en lo más mínimo, para fundamentar una ley nueva, por eso nuestra propuesta sigue siendo la de trabajar sobre la ley actual”.
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