Agmer advierte que cerrar escuelas rurales es parte de un ajuste

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestó su rechazo al anuncio de reorganización del sistema educativo provincial que implicaría el cierre de unas 300 escuelas, en su mayoría rurales, y calificó la medida como parte de un “plan de ajuste” impulsado por el Gobierno de Rogelio Frigerio.

La alerta surgió tras la difusión pública de los lineamientos que se abordaron en una reciente reunión encabezada por el gobernador junto a autoridades educativas, donde se planteó como “inviable” sostener establecimientos con baja matrícula. Según el coordinador de las Direcciones Departamentales de Escuelas, Sebastián Benedetti, en la provincia hay “casi 300 escuelas con entre uno y tres alumnos”, situación que consideró insostenible desde lo social y lo pedagógico.

La vocal gremial en el Consejo General de Educación (CGE), Susana Cogno, cuestionó duramente la falta de consultas previas: “Es muy fuerte que el Gobierno diga tan libremente que va a cerrar 300 escuelas, más aún teniendo en cuenta que más del 60 por ciento de los establecimientos en la provincia son rurales”. Según la dirigente, la medida atenta directamente contra el derecho a la educación de niñas y niños en zonas alejadas, a quienes se les estaría negando la posibilidad de estudiar cerca de su comunidad.

Desde Agmer, además, se advirtió que este posible cierre masivo forma parte de un recorte estructural que el gremio viene denunciando desde hace meses. “Es parte de un gran ajuste. El lugar elegido para recortar son las escuelas, porque los números del Gobierno no cierran”, sostuvo Cogno. También indicó que las autoridades aún no informaron con claridad qué escuelas estarían en la mira, ni qué pasará con los trabajadores que hoy cumplen funciones en ellas. “Hablamos de 300 puestos de trabajo como mínimo, y también de cientos de estudiantes que quedarían sin contención”, alertó.

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El gremio espera una respuesta oficial del CGE que incluya la nómina de establecimientos afectados y detalles del posible reordenamiento. Mientras tanto, continúa en estado de alerta y movilización.

Cogno también criticó la postura de las direcciones departamentales que avalaron la propuesta sin cuestionamientos, y señaló que muchos de esos cargos no pasaron por concursos como lo establece la Constitución reformada en 2008. “No conocen el territorio, y eso se nota. La educación rural no puede pensarse desde una planilla de Excel”, remarcó.

La falta de planificación participativa y la ausencia de diálogo genuino con los sectores involucrados profundiza el conflicto educativo en la provincia, que ya viene acumulando tensiones por la falta de presupuesto, la caída del salario docente y la creciente precarización de las condiciones de enseñanza.