Tensión entre el Gobierno y la Justicia por el control de bienes decomisados

La medida, que crea el Consejo de Bienes Recuperados dentro del Ministerio de Justicia, fue recibida con preocupación por jueces federales de todo el país, quienes advierten que podría vulnerar la independencia del Poder Judicial y alterar el destino de recursos clave para su funcionamiento.

En una reunión celebrada en Córdoba, la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones emitió un comunicado en el que expresan su inquietud por las implicancias del DNU. Según el documento, la norma “lejos de disipar dudas, genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias” que podrían afectar la operatividad judicial y el principio de autarquía consagrado por la Ley 23.853.

Hasta ahora, los bienes decomisados —que incluyen inmuebles, vehículos, dinero y otros activos— eran administrados por el Poder Judicial, que podia destinarlos a fines sociales o institucionales. Con el nuevo régimen, esa facultad pasaría al Ejecutivo, lo que para los magistrados representa una intromisión en funciones que históricamente han sido reguladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, el DNU contradice la Acordada N.º 22/25, que establece el “Reglamento de efectos secuestrados y objetos decomisados”, vigente desde 1991.

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El Consejo de Bienes Recuperados, creado por el decreto, tendrá funciones de supervisión, evaluación y coordinación sobre los activos incautados. Según cifras oficiales, el Estado posee más de 40.000 bienes muebles e inmuebles, de los cuales al menos 285 provienen de causas por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Actualmente hay 76 remates activos que podrían recuperar más de 13 millones de dólares.

Además del cuestionamiento técnico, el comunicado judicial propicia el “diálogo institucional” entre los poderes del Estado para evitar que la medida derive en conflictos de competencias o afecte la transparencia en el manejo de bienes públicos. “La independencia judicial no es negociable”, señalaron los magistrados, al tiempo que reiteraron su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática.

En paralelo, el contexto político suma tensión: el decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete en medio de otras controversias institucionales, como el fallo “Levinas II” y denuncias de intimidación a jueces federales, lo que refuerza el clima de alerta en los tribunales.

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