Proyecto de ley propone sanciones para funcionarios que no respondan los pedidos de informes

El martes 29 de abril, a las 11:30, las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la provincia debatirán el proyecto de ley que propone reglamentar el artículo 117 de la Constitución Provincial. Esta disposición faculta a los miembros de ambas Cámaras Legislativas a solicitar datos o informes al Poder Ejecutivo, según consideren necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La iniciativa, impulsada por la senadora peronista Claudia Silva del Departamento Paraná, busca establecer tiempos específicos para que el Ejecutivo responda estos pedidos, una herramienta usada con frecuencia por los legisladores de todos los bloques para obtener información sobre la gestión gubernamental. "La necesidad de reglamentar esta herramienta constitucional radica en la falta de respuestas oportunas o completas a los pedidos de informes", explicó Silva.

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El proyecto establece sanciones para los funcionarios responsables del área ejecutiva que no cumplan con los plazos establecidos para la respuesta, que van desde apercibimientos hasta multas. El dinero recaudado de estas sanciones será destinado al Instituto Provincial de Discapacidad.

"Los plazos propuestos para las respuestas son razonables, permitiendo prórrogas si la complejidad del pedido lo amerita, pero garantizando que no se produzca un retraso injustificado", destacó la senadora. Además, subrayó que la posibilidad de acceso a la información pública ha sido parte de la Constitución de Entre Ríos desde 1933, aunque hasta ahora no se había reglamentado de manera efectiva.

La propuesta es una reedición de un proyecto presentado en 2016 por el exsenador Nicolás Mattiauda, que no logró convertirse en ley en su momento. Silva indicó que la actualización del proyecto busca dotar de mayor claridad y eficacia a un derecho constitucional, y asegurar su cumplimiento a través de sanciones para quienes no respondan en tiempo y forma.

De ser aprobado, este proyecto marcaría un paso importante en la transparencia y en la mejora de los mecanismos de control sobre la gestión pública, fortaleciendo el rol del Poder Legislativo en la supervisión del Ejecutivo.