
Diputadas y diputados exigen al Ejecutivo provincial detalles sobre las presuntas irregularidades detectadas

Redacción EL ARGENTINO
En medio de denuncias por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos destinados a la alimentación escolar en Concordia, un grupo de legisladores provinciales encabezados por la diputada Mariel Ávila (Más para Entre Ríos) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. La iniciativa busca esclarecer el funcionamiento y control administrativo de los comedores escolares en ese departamento durante los años 2024 y 2025.
El requerimiento legislativo también lleva la firma de las diputadas Lorena Arrozogaray, Silvia Moreno, Laura Stratta, Andrea Zoff y del diputado Enrique Cresto. Según Ávila, la iniciativa apunta a garantizar transparencia en el uso de fondos públicos “vitales para asegurar el derecho a la alimentación de cientos de niños y niñas entrerrianos”.
El pedido se presenta en el contexto de una investigación que involucra a la excoordinadora departamental de comedores, Silvina Murúa, quien fue desplazada de su cargo tras detectarse un desfase entre los recursos entregados y lo efectivamente rendido por 37 escuelas.
Entre los puntos solicitados al Ejecutivo se destacan:
* Nómina completa del personal responsable de administrar los recursos, sus funciones y relación laboral.
* Listado de proveedores, modalidades de contratación, montos percibidos y mecanismos de control y rendición aplicados.
* Detalle de los fondos ejecutados, discriminados por fuente de financiamiento y tipo de prestación alimentaria.
* Información sobre auditorías internas y externas realizadas, hallazgos obtenidos y medidas correctivas adoptadas.
* Estado actual de las actuaciones sumariales iniciadas y acciones judiciales o del Tribunal de Cuentas en curso.
* Precisión sobre el monto detectado como malversado o no justificado, y el grado de avance en las acciones legales.
* Datos sobre advertencias formuladas por Murúa antes de su remoción, y posibles contrataciones de familiares vinculados a la exfuncionaria.
Además, los legisladores reclaman conocer las medidas preventivas tomadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para evitar nuevas irregularidades, y si se evalúa una reestructuración del área de Comedores Escolares en Concordia.
“Desde nuestro espacio político insistimos en la urgente necesidad de que el gobierno provincial asuma su responsabilidad frente a estas denuncias. La negligencia y la falta de control no pueden afectar políticas públicas esenciales como la alimentación escolar”, expresó Ávila.
El pedido de informes se suma a la investigación en curso impulsada por Fiscalía de Estado, que ya cuenta con siete cajas de documentación enviadas desde la Dirección de Comedores. También se han bloqueado preventivamente a dos proveedores involucrados, en tanto se analiza si la maniobra delictiva incluyó connivencia en la cadena de compras. La causa sigue su curso con posible ampliación de imputaciones.
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