Patricia Bullrich fue denunciada por intentar allanar a periodistas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón, quien la acusa de abuso de autoridad al solicitar allanamientos a periodistas y medios de comunicación con el presunto objetivo de amedrentar y censurar. La denuncia se presentó un día después de que la ministra, en nombre del Gobierno, denunciara un supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según Dalbón, el pedido de Bullrich incluía “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Entre los objetivos de los allanamientos figuraban los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Además de los allanamientos, la ministra solicitó una medida cautelar inédita: prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y cualquier otro material obtenido durante la operación denunciada, bajo apercibimiento legal. Para Dalbón, esto representa un “intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”.

La denuncia sostiene que la acción no se limitó a periodistas específicos, sino que buscó restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, configurando una forma de censura indirecta y masiva. El abogado calificó la denuncia de Bullrich como un “instrumento de intimidación” destinado a condicionar la libertad de prensa.

Dalbón encuadró el accionar de Bullrich en el delito de abuso de autoridad, señalando que se trató de un caso de extralimitación funcional. Argumentó que los allanamientos a medios, el secuestro de equipos de trabajo y la intención de prohibir la difusión de información periodística son acciones “manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

El episodio generó un debate intenso sobre los límites del poder del Ministerio de Seguridad y la protección de la libertad de prensa en Argentina. Mientras los defensores de la ministra insisten en la necesidad de investigar el supuesto espionaje, los críticos alertan sobre los riesgos de que el Estado utilice la denuncia penal como herramienta de presión contra los periodistas.

La situación también coincide con la creciente tensión en torno a la divulgación de los audios de Karina Milei, que han provocado polémica y movilizado a diversos sectores del periodismo y la opinión pública. La causa aún no tiene definiciones judiciales, pero la citación de Bullrich a prestar declaración indagatoria podría marcar un hito en la jurisprudencia sobre libertad de expresión y límites del poder estatal en el país.