Presentó un amparo contra el decreto que impone servicios mínimos obligatorios del 50 al 75% en sectores esenciales.
Martes, 27 de Mayo de 2025,
9:16
Redacción EL ARGENTINO
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo ante el Juzgado Laboral N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, con el objetivo de frenar la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que impone severas restricciones al derecho a huelga en actividades declaradas como esenciales por el Gobierno nacional.
El decreto, publicado el miércoles pasado en el Boletín Oficial, establece que en caso de medidas gremiales, estas actividades deberán garantizar un funcionamiento mínimo obligatorio de entre el 50 y el 75 por ciento, según el sector. La medida fue calificada por la central obrera como un intento de “suprimir el derecho a huelga de un plumazo”.
El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), había anticipado días atrás que el sindicato recurriría a la Justicia, al considerar que el DNU representa “una limitación total” al derecho consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por el país. “Esto es revivir el DNU 70/23, que ya está suspendido judicialmente”, denunció.
Rodríguez remarcó que “el derecho de huelga es un instrumento legítimo cuando no hay diálogo, como ahora, donde el Gobierno no nos ha convocado a ninguna mesa de negociación”. También cuestionó el contexto en el que se impone la nueva norma, tras un paro nacional convocado por la CGT en reclamo de mejoras salariales y por la caída del poder adquisitivo.
La medida del Poder Ejecutivo abarca un amplio espectro de servicios considerados esenciales. Entre ellos: salud, transporte, provisión de medicamentos, servicios farmacéuticos, distribución de agua, gas y electricidad, telecomunicaciones (incluido internet), control aéreo y portuario, servicios aduaneros y migratorios, cuidado de menores y educación en todos sus niveles, además del transporte marítimo y fluvial.
Desde la CGT consideran que el decreto es inconstitucional y afecta derechos fundamentales de los trabajadores. “No se puede restringir una garantía constitucional por decreto. Es un avance autoritario”, señalaron fuentes gremiales.
El caso ahora quedará en manos de la jueza Fullana, quien deberá analizar la admisibilidad del amparo y eventualmente dictar una medida cautelar para suspender los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
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