La Cámara de Diputados se mete de lleno en el escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad

El tratamiento será en dos instancias: a las 12 se reunirá la comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin, y a las 14 lo hará la comisión de Discapacidad, encabezada por Daniel Arroyo. Ambas trabajarán sobre proyectos que exigen explicaciones oficiales acerca del manejo de fondos públicos y los vínculos entre funcionarios y proveedores del organismo.

Entre los impulsores de los pedidos figuran Sabrina Selva, Guillermo Casas y Eduardo Valdés (UxP), Oscar Agost Carreño y Esteban Paulón (Encuentro Federal), Christian Castillo (PTS), Andrea Freites (UxP) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), entre otros. La oposición apunta a que el Gobierno entregue documentación y detalles sobre los contratos y compras realizadas en la Andis, en el marco del plan Incluir Salud.

El clima político se tensó desde la difusión de los audios de Spagnuolo, que describen un presunto esquema de recaudación ilegal. La ausencia, la semana pasada, del ministro de Salud, Mario Lugones, y del flamante titular de la Andis, Alejandro Vilches, a un plenario convocado de urgencia, profundizó las críticas y dejó la sensación de un vacío institucional en momentos de fuerte demanda de transparencia.

Censura y libertad de expresión: el fallo que desató la polémica

En paralelo, el Gobierno lanzó su contraofensiva judicial y política. Este lunes, Javier Milei compartió un mensaje del vocero Manuel Adorni, quien calificó los audios como parte de “una operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar en plena campaña electoral. Además, el Ministerio de Seguridad, a través de Jaime Olivos, presentó una denuncia en la Justicia para frenar la difusión de nuevas filtraciones, solicitando incluso allanamientos a periodistas y al canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron algunos de los audios.

El oficialismo sostiene que la maniobra forma parte de una operación vinculada a sectores de la oposición kirchnerista y advierte sobre la gravedad de una eventual grabación encubierta dentro de despachos oficiales.

La pulseada en Diputados será una prueba de fuerza política: mientras la oposición busca avanzar con el control parlamentario, el Gobierno intenta cerrar filas y deslegitimar la causa bajo el argumento de que se trata de un ataque planificado.