
El juez Pablo Zoff dictó el procesamiento del exdiputado provincial y jefe de UPCN, junto a su entorno familiar, por delitos vinculados al manejo irregular de fondos y bienes.

Redacción EL ARGENTINO
El juez de Garantías Nº 8 de Paraná, Pablo Zoff, procesó este lunes al exdiputado provincial y secretario general de UPCN, José Ángel Allende, por los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron alcanzados por la resolución su esposa Adriana Guadalupe Satler, su exesposa Diana Traverso, y sus hijos Julio Alejandro y Victoria Allende, por su participación directa en el incremento patrimonial injustificado.
Según la investigación judicial, el exlegislador habría aumentado de forma irregular su patrimonio entre 2000 y 2016 —período en que fue diputado— por un monto superior a los 10 millones de pesos y 64 mil dólares a valores históricos. Para ello, se habría valido de familiares cercanos como testaferros, a través de quienes adquirió propiedades, vehículos y participaciones en empresas.
El perito oficial de la fiscalía, Héctor Enrique, estimó que el enriquecimiento alcanzaría los 12 millones de pesos, mientras que peritos de la defensa afirmaron que los ingresos eran compatibles con el patrimonio. El juez Zoff dio mayor valor a la metodología del perito fiscal y resaltó la “notoria desproporción” entre los ingresos declarados y los bienes registrados, señalando también que muchos fueron subvaluados.
Entre los elementos observados se incluyeron gastos no cuantificados como el mantenimiento de caballos de carrera y viajes internacionales de los imputados. En el caso de sus hijos, el juez destacó que ambos formaban parte de sociedades como Radio La Voz de Entre Ríos S.A., Haras El Machazo S.A. y Cardinal Grydim S.A., y en el caso de Victoria Allende, incluso adquirió vehículos siendo menor de edad, sin ingresos que justificaran esas compras.
Por otra parte, se los procesó por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en relación con la Fundación Esperanza, desde la cual se gestionaron subsidios no reintegrables por casi un millón de pesos entre 2008 y 2011. Durante ese período, Allende era diputado provincial y también presidía la fundación. Su esposa Satler, por su parte, asumió luego la presidencia y fue quien firmó solicitudes y rendiciones de los fondos.
El juez consideró probado que ambos intervinieron directamente en la obtención de esos recursos y que actuaron con conocimiento del conflicto de intereses. Aunque los subsidios fueron rendidos, esto no excluye la comisión del delito, ya que la ley protege el principio de imparcialidad en la función pública.
En cuanto a Victoria Allende, fue sobreseída de este segundo cargo por falta de elementos que acreditaran su intervención directa en los trámites de los subsidios.
La resolución dictó el embargo o inhibición de bienes por una suma simbólica de 4.000 pesos por cada procesado y remarcó que todos actuaron con dolo, es decir, con conciencia de la ilegalidad de sus actos. La causa se encamina ahora hacia la etapa de juicio, en la que deberá probarse en profundidad el esquema de enriquecimiento y simulación patrimonial que se le atribuye a Allende y su entorno familiar.
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