El oficialismo quiere tener la reforma laboral aprobada antes de fin de año

El Gobierno ya definió la convocatoria a sesiones extraordinarias y uno de los puntos centrales del temario es la reforma laboral. El objetivo del oficialismo es que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara Alta, sostienen en la Casa Rosada.

“Patricia encabezará los debates para la reforma laboral. Una vez aprobado y terminadas las extraordinarias, renunciará a esa comisión”, afirman. Durante las sesiones extraordinarias convocadas, en principio, entre el 10 y el 30 de diciembre, se intentará constituir las comisiones específicas para los temas que enviará el Ejecutivo.

En tanto, cuando empiece el período ordinario, se deberán elegir, entre el 26 y 28 de febrero, a las autoridades e integrantes de las comisiones permanentes del Senado.

Las sesiones extraordinarias comenzarán con los proyectos de Presupuesto y de Inocencia fiscal. “Si no se termina en diciembre, puede seguirse en enero 2026”.

Confían que en esta oportunidad el Gobierno tiene más ordenado el diálogo ya que ahora están claros los interlocutores del Poder Ejecutivo. “Bullrich hablará con los senadores, Martín Menem con los diputados, Diego Santilli con los gobernadores. Y si hay pedidos, se derivarán al área que corresponda (Economía, Jefatura de Gabinete, etc.)”.

Indemnizaciones y cajas sindicales

El proyecto de modernización de la legislación laboral, que se estima se encuentra terminado, tiene como uno de sus ejes centrales la reducción de los costos que las empresas deben afrontar al momento de despedir a un empleado.

A los empresarios y en particular a las pymes el tema que más les preocupa son las “exorbitantes” indemnizaciones que establecen algunos jueces.

A diferencia de lo que trascendió en algún momento, la intención no es poner topes – seguirá rigiendo el pago de un sueldo por cada año de antigüedad -, pero sí “se clarifican muchos elementos de la ley de Contrato de Trabajo que reducen la arbitrariedad del juez a la hora de establecer los montos indemnizatorios”, según precisó una alta fuente del Gobierno.

Al respecto, recordó que por iniciativa del oficialismo se sacaron las multas, pero los abogados laboralistas “contraatacaron” planteando “daños y perjuicios”. La norma en consideración contempla, de alguna forma, invertir la carga de la prueba y el trabajador deberá demostrar que efectivamente sufrió daños y perjuicios.

Por esta razón, es que se estipulará un criterio para establecer las actualizaciones a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC más un 3% de tasa de interés anual.

La expectativa de las autoridades nacionales también está puesta en el aumento del empleo que derivará – aseguran – de la adaptación de convenios que contemplen las diferencias regionales. Es decir, en aquellas zonas con menos desarrollo se establecerían salarios relativamente inferiores a las más evolucionadas. La estimación oficial es que, de esta forma, la ocupación podría subir hasta 17% en el noroeste del país.

En tanto, los gremios retendrían las cajas sindicales, una prenda para lograr que este proyecto de ley sea aprobado lo antes posible.

Sin embargo, Gerardo Martínez la semana pasada, al término de la reunión del Consejo de Mayo y, luego de estar casi dos horas conversando con Santiago Caputo, ratificó su rechazo a la iniciativa.