El Gobierno modificó el uso de los Fondos Rotatorios del Estado

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 926/2025, que introduce cambios en la administración de los Fondos Rotatorios del Estado, un mecanismo clave para afrontar gastos operativos inmediatos en la administración pública. La medida fue firmada el 29 de diciembre y modifica el Decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera.

La norma apunta a ordenar el manejo del dinero público, evitar fondos ociosos y adaptar el sistema a las reestructuraciones internas que se producen cuando se transfieren programas entre distintos organismos del Poder Ejecutivo.

Qué cambia en los Fondos Rotatorios

Uno de los principales cambios mantiene el tope general: los Fondos Rotatorios podrán seguir representando hasta el 3 % del presupuesto original de cada organismo, sin contar las partidas de ayudas sociales. Estos fondos se utilizan para cubrir gastos menores o urgentes, sin pasar por el régimen habitual de contrataciones.

La novedad es que, cuando un organismo reciba nuevos programas presupuestarios durante el año, podrá ampliar su Fondo Rotatorio en hasta otro 3 % del presupuesto transferido. Al mismo tiempo, el organismo que cede esos programas deberá reducir su fondo en la misma proporción.

El decreto también otorga más poder a la Secretaría de Hacienda, que podrá fijar límites por debajo del 3 % si detecta que un organismo no utiliza plenamente los fondos asignados. El objetivo es evitar que el dinero quede inmovilizado en cuentas bancarias sin uso efectivo.

Según el texto oficial, esta medida busca mejorar la eficiencia del gasto y reforzar los mecanismos de control, en línea con la política de reducción del gasto y ordenamiento de las cuentas públicas que impulsa el Ejecutivo.

Cambios en los Fondos Rotatorios Internos

Otro punto clave del decreto elimina requisitos que el Gobierno considera desactualizados. A partir de ahora, los Fondos Rotatorios Internos deberán constituirse por montos superiores al equivalente a 80 módulos, ajustándose al valor vigente del módulo presupuestario.

Los fondos que estén por debajo de ese monto deberán adecuarse, lo que simplifica la operatoria administrativa y reduce la cantidad de cuentas bancarias que manejan los organismos del Estado.

La decisión se apoya en el avance del uso de medios de pago electrónicos, como las tarjetas corporativas, que vienen reemplazando al efectivo y a los cheques desde hace varios años en la administración pública.

De esta manera, el Gobierno busca modernizar la gestión financiera, reducir trámites innecesarios y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. El decreto entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.