Le dieron la domiciliaria a dos detenidos por narcomenudeo porque "no tenían tanta droga"

Mientras la sociedad reclama por ponerle un freno a la droga en Gualeguaychú, en donde la mayoría de los delitos que se cometen está atravesados por esta realidad, y en la misma ciudad donde hace pocas horas atrás se quemaron 1340 kilos de cocaína y marihuana, la flamante jueza de Garantías, Natalia Céspedes, le concedió el arresto domiciliario a dos imputados por narcomenudeo, que se encontraban con prisión preventiva desde marzo.

El principal imputado es un hombre de 52 años, con domicilio en el barrio 338, que hasta los primeros días de este año se encontraba alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú cumpliendo una condena por delitos de robos y hurtos.

Durante esta estadía quedó involucrado en la evasión de Ricardo Manuel Videla, el hombre que abandonó el arresto domiciliario que cumplía pocas horas antes de enfrentar un juicio por un asalto a mano armada en una estación de servicio en Urdinarrain. Se cree que ayudó a Videla con sus contactos para que escapara hacia Brasil en abril del 2024.

En los primeros días de enero de este año, este hombre recuperó la libertad, pero sólo permaneció en libertad durante dos meses porque a mediados de marzo volvió a quedar detenido en medio del operativo “Saturación”, del que participaron Prefectura Naval, Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional y Policía de Entre Ríos, en los barrios 338, 348 y 140 viviendas. En este procedimiento también quedó detenida una joven de 28 años, que fue procesada como parte del comercio de estupefacientes en el domicilio ubicado en el primer pasillo del barrio 338, en las intersecciones de calles 3 de Caballería y Nágera.

Habría suficiente prueba en la investigación para determinar que en ese lugar se vendía droga al menudeo, pero tras realizado el allanamiento se secuestró una escasa cantidad de marihuana, 4,7 gramos de cocaína y una balanza de precisión. La droga que había no era lo suficiente para lo que se esperaba encontrar, pero para los fiscales Jorge Gutiérrez y Martina Cedrés estaba probado el comercio de estupefacientes.

Durante la investigación surgieron conversaciones de Whatsapp entre el hombre y la mujer, que aluden a la venta de droga. A través del análisis de la información de Mercado Pago, existen transferencias de la mujer al hombre por varios miles de pesos, siendo que ambos no tienen actividad comercial y laboral. Hay 200 movimientos por un total de casi cinco millones de pesos durante la mitad de enero, febrero y mitad de marzo.

Un hombre que compartió celda en la UP9 con el imputado, declaró que fue testigo de la forma que operaba dentro de la cárcel. “Él vendía y hacía muchas transferencias. Vendía bullo de porros y armaba bolsas de merca, y le compraban otros internos, en efectivo o por transferencia; y para las transferencias pasaba el alias de la mamá”, testimonió.

“Se estaba armando adentro del penal, para hacer sus negocios afuera. En la cárcel, a cinco gramos le sacaba entre 200 y 250 mil pesos a lo que afuera lo compraba a 38 con pasada y todo. Una vez que salió de la cárcel se dedicó a eso, a comprar droga y vender”, agregó el preso que compartió estadía en la cárcel de Gualeguaychú.

Existía prueba que el sujeto tenía una actividad ilegal, pese a que la droga hallada al momento del allanamiento no fuera la esperada por los funcionarios judiciales, pero la ley no habla de cantidades. Una fuente judicial consultada por EL ARGENTINO explicó que “no es necesario encontrar una gran cantidad de estupefacientes para imputarle a una persona este delito. El operador judicial debe probar el dolo y una ultraintención de que se tiene para vender”.

Sin embargo, al momento de revalidar la prisión preventiva que se le había dictado a ambos detenidos en marzo, la jueza de Garantías Natalia Céspedes, consideró que la gravedad de la imputación no era acorde con el pedido de prórroga y que el riesgo procesal que pudiera existir en torno a este caso quedaba resguardado con un arresto domiciliario a cumplir por 30 días en domicilios alejados de donde se realizaron los allanamientos.

La fiscal Cedrés presentó su oposición a esto argumentando que la medida dispuesta por la jueza Céspedes no ha sido debidamente fundada, “fundamentando en que la escasa cantidad de estupefacientes secuestrados influye en la consecuencia última del proceso, lo que lleva a ponderar un desconocimiento total de la evidencia necesaria para avanzar y para en su caso requerir la apertura de un juicio y eventual condena en causas de narcomenudeo”.

“La falta de fundamentos, al decir que la escasa cantidad de estupefacientes opera en favor de los imputados, como si ello fuera suficiente para efectuar una perforación del mínimo legal de la figura endilgada, torna a la decisión en inmotivada o con una motivación sin conocimiento del trámite de una investigación penal que intenta atacar el narcotráfico en su último eslabón. Todo ello hace que este Ministerio Público Fiscal resulte agraviado”.

Ahora, será decisión de la Cámara Penal de Gualeguaychú decidir al respecto: si ambos imputados permanecen con prisión preventiva o se les aplicará el arresto domiciliario mientras se continúa con la investigación.