Cuadernos de la corrupción: allanaron la empresa constructora José Eleuterio Pitón de Gualeguay

Efectivos de la Policía Federal realizaron ayer un procedimiento en las oficinas de la empresa constructora José Eleuterio Pitón SA, en Gualeguay, en el marco de la investigación derivada de los denominados “Cuadernos de la corrupción”. La medida se replicó en otras empresas mencionadas por el financista “arrepentido” Ernesto Clarens.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadío, que tiene a su cargo la investigación por el supuesto pago de coimas para la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, como jefa de una asociación ilícita que integraban empresarios y ex funcionarios.

Según pudo saber Página Judicial, los efectivos llegaron a las oficinas de la empresa ubicada en calle Rivadavia 50 de Gualeguay con una orden de presentación destinada a conseguir información vinculada a la obra pública y sus negocios en el período comprendido entre 2003 y 2015. La misma medida se dispuso para otras setenta empresas.

El nombre de Pitón había sido aportado por el “arrepentido” Ernesto Clarens. El financista dijo haber recibido instrucciones de José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación, para recaudar dinero de sobornos para financiar campañas electorales; y entregó al juez Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli una detallada planilla de Excel con los nombres de alrededor de un centenar de empresas constructoras que pagaban esos sobornos, la fecha y las cifras, según el monto de la obra y el porcentaje; y explicó que él tenía el trabajo de recaudar o cambiar los pesos a dólares.

Entre los titulares de las empresas que se encuentran acusadas en la causa y que confesaron haber pagado coimas y que luego se convirtieron en imputados colaboradores de la investigación, se encuentran IECSA, que entre 2003 y 2007 estuvo conducida por la familia del presidente Mauricio Macri y luego en 2007 fue comprada por el primo del mandatario, Ángelo Calcaterra; y Electroingeniería, cuyo dueño Gerardo Ferreyra está procesado y detenido en esta causa.

También aparece la empresa de Aldo Roggio, Benito Roggio e Hijos; Esuco de Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), quien confesó haber sido quien organizó la cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015; la firma José J. Chediack, a cargo de Juan Chediack (también ex titular de la Cámara de la Construcción); entre otras.

La conexión entrerriana

En las planillas entregadas por Clarens también aparecían cuatro empresas entrerrianas: Luis Losi SA, de Paraná, que ejecutó obras por 400 millones de pesos; LP Pietroboni SA, de Concepción del Uruguay, que realizó trabajos por 200 millones de pesos; Codi SRL Construcciones, de Concordia, que ejecutó distintas obras nacionales por 70 millones de pesos; y José Eleuterio Pitón SA, de Gualeguay, que hizo obras por 60 millones de pesos.

A raíz de eso, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia que informe quienes eran las autoridades de las empresas y que se informara también si integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) mediante las que hubieran participado de licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015.

Hace unos días, el financista Clarens presentó un escrito al juez en el que dio más precisiones sobre los representantes de las empresas que llevaban dinero a sus oficinas y mencionó a Daniel Pitón como su contacto en la constructora entrerriana. Sin embargo, quien aparece como responsable en los registros públicos y ante la Cámara Argentina de la Construcción es su hermano, José Luis Pitón, consignó Página Política.

Losi, que también aparece en las planillas de Clarens, fue el primer empresario entrerriano “arrepentido”. Su nombre lo había aportado el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. En su declaración el empresario habló de un sistema cartelizado, donde las licitaciones se distribuían de manera coordinada entre empresas y consorcios de obra pública. Lo llamó “el club de la obra pública”, mencionó explícitamente el pago de coimas e involucró, entre otros, a Luis Losi como uno de los habitués en las reuniones donde se repartían las obras.

Las menciones de las empresas entrerrianas en los “cuadernos de la corrupción” también generaron un tembladeral político. En la provincia, legisladores de la oposición pidieron al Poder Ejecutivo que informe cuáles son las obras adjudicadas por el Gobierno de Entre Ríos o el Gobierno nacional, entre 2003 y 2015, en todo el territorio de la provincia, a las empresas investigadas; también pidieron conocer los montos de las obras adjudicadas, el estado de avance y si alguna se encuentra todavía en ejecución.