Contratos truchos: la Sala Penal del STJ dispuso el cese de la prisión preventiva de Beckman, Mena, Scialócomo y Bilbao

Los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, hicieron lugar a las impugnaciones interpuestas por los defensores José Velázquez, Humberto Franchi, Iván Vernengo y Damián Petenatti. En consecuencia, dictaron el cese inmediato de las prisiones preventivas y ordenaron la libertad “bajo caución juratoria de los encartados”, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao, quienes están imputados en el marco de la investigación por el supuesto desvío de aproximadamente dos mil millones de pesos de la Legislatura provincial a través de contratos truchos desde 2008 hasta 2018.

La resolución dada a conocer ayer, luego de la audiencia realizada en los tribunales de Paraná, impone a los imputados la fijación de domicilio en esa localidad; la prohibición de todo vínculo con testigos de las presentes actuaciones como así también la de realizar cualquier tipo de actos perturbadores hacia ellos. También dispone la obligación de concurrir semanalmente ante la Fiscalía interviniente dando cuenta de su presencia y la prohibición de ausentarse de la ciudad, sin expresa autorización. Asimismo, se fijó audiencia para el 15 de febrero a las 12:30 para la lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia.

La Sala Penal del STJ se reunió ayer primero a las 9 en el Salón María Sara Jesús Oyhampé de Paraná, a los fines de habilitar la audiencia fijada en los autos caratulados “Beckman, Flavia Marcela - Scialócomo, Esteban Ángel Alberto - Mena, Hugo Rubén - Bilbao, Alfredo s-Estafa – Prisión Preventiva S/ impugnación extraordinaria”, de acuerdo al Expediente N° 4.863, al que accedió EL ARGENTINO.

En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo la fiscal Adjunta, Cecilia Goyeneche y el agente fiscal Ignacio Arramberry; y los defensores ya nombrados al principio de este artículo.

Argumentos

Las defensas de los cuatro imputados con prisión preventiva en la causa que investiga los contratos truchos en la Legislatura provincial, pidieron la libertad para sus representados.

Este planteamiento defensivo rebotó ante las juezas Carolina Castagno y Marina Barbagelata. Por eso los defensores fueron a la Cámara de Casación Penal, que rechazó el recurso por inadmisible, y ahora llegaron al STJ.

Ante esta situación, los fiscales Goyeneche y Aramberry volvieron a exponer las razones que los llevan a advertir la existencia de riesgo procesal, publicó Análisis Digital.

Por un lado, las defensas tomaron el argumento del MPF respecto de la existencia de una organización delictiva de gran magnitud, y volvieron a quejarse porque quienes están con prisión preventiva pertenecerían al escalón más bajo, y no hay novedades sobre llamado a indagatoria de los escalones superiores.

Por su parte, el defensor Humberto Franchi, entendió que los entorpecimientos a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que sostiene la Fiscalía “no se han dado”. Se quejó de la resolución de Casación Penal que declaró inadmisible el recurso presentado, dijo que los argumentos de esa Sala los “agravia” y apuntó al modo en que los jueces de esa instancia sopesaron las posturas de un lado y de otro.

“¿Cuál es la posibilidad de entorpecimiento de varias personas que están en el escalón más bajo de una supuesta organización delictiva? Cuando a los autores o supuestos autores, los del escalón más alto, ni siquiera tienen fecha de indagatoria”, apuntó.

A su vez, el abogado Iván Vernengo, en defensa de Bilbao, pidió a los miembros de la Sala Penal que vean la filmación de la cámara de seguridad del edificio donde funcionaba el estudio contable de Pérez y Bilbao, donde se observa a personas sacando documentación en cajas, antes del allanamiento. “En ese video no se sabe de dónde sacaron las cajas y quién lo hizo”, acotó.

Por otro lado, la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche expuso que “todos los imputados realizaron actos de entorpecimiento concreto” de la investigación. “Hay 35 personas imputadas con indagatorias realizadas en esta causa y solo siete tienen prisión preventiva. Fuimos muy selectivos al considerar quiénes debían estar en prisión preventiva y quiénes pueden entorpecer la investigación”, publicó Análisis Digital.

La fiscal luego se refirió a la supuesta organización que investigan y las funciones de cada uno. Dijo que “los contratados eran la base y figuran en los listados secuestrados en la casa de Flavia Beckman. Eran un instrumento para ejecutar la sustracción. Ubicó en un “segundo escalón a los cobradores de cheques -algunos están imputados-. Cada cobrador percibía varios cheques, en algunos casos hasta se falsificaron firmas”.

“Beckman, Mena, Scialócomo y Bilbao eran personas con responsabilidad dentro de la estructura. Hablamos de recaudadores, de personas que hacían firmar cheques. Y en el caso de Mena, además de controlar todos los ingresos de contratados, rendía el dinero para arriba, a Bilbao que era el coordinador”, expuso la fiscal y recordó que “se trata de una organización delictiva que mantuvo su estructura por diez años y que fue muy eficiente y con absoluta impunidad”.

Por su parte, el fiscal Aramberry, destacó que “no estamos hablando de pronóstico de riesgo, hablamos de obstaculizaciones concretas de las que tenemos prueba y han sido ponderadas por la vocal citada. A discusión llevamos un chat de Beckman con un contratado. Es un intercambio de mensajes en el contexto del allanamiento en la casa de Beckman, cuando estaba a poco de ser detenida junto a sus hijos y cuñado. Ahí Beckman le exige al contratado, es decir un contratado apócrifo, que vaya a su domicilio, que diga que era contratado del Senado y que recibía la suma de 50 mil pesos mensuales. Esa conversación fue ratificada por el propio contratado en su declaración”, señaló.

Luego el fiscal aseguró que “Bilbao suprimió archivos de su propia computadora”.

“No decimos que Bilbao intentó influir en los testigos, pero hubo acciones que estuvieron orientadas al ocultamiento. Por ejemplo, la mudanza intempestiva. A eso lo pudimos comprobar a través del testimonio de la administradora del edificio donde funcionaba su estudio contable. Todos tenemos derecho a mudarnos, pero eso se produjo a seis días del allanamiento en la casa de Becknan”, marcó.

La decisión

A las 12:30, los miembros del Tribunal Daniel Omar Carubia, Miguel Ángel Giorgio, y Claudia Mónica Mizawak se constituyeron nuevamente a fin de comunicar lo decidido.

Así, se informó que resolvieron revocar “íntegramente y, en consecuencia, disponer el cese de la prisión preventiva ordenando la inmediata libertad, bajo caución juratoria de los encartados Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialócomo y Alfredo Bilbao”.

EN FOCO

Puerta abierta. La Sala Penal del STJ dejó la puerta abierta para que los otros detenidos en esta causa recuperen la libertad. Se trata del cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el cuñado de éste, Alejandro Almada; el ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Pérez; y el contador Alfredo Ariel Faure. En tanto, tiene prisión preventiva domiciliara el ex director del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso.