Causa contratos truchos: Pérez y Faure ya cumplen prisión preventiva en sus domicilios

Los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure están cumpliendo la prisión preventiva en sus domicilios desde ayer al mediodía. Ambos están imputados en la causa que investiga contrataciones irregulares en la Legislatura provincial, y fueron puestos en prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná desde noviembre pasado.

Los defensores Leopoldo Cappa y Miguel Ángel Cullen reclamaron que sean enviados a sus domicilios, luego de un recurso de queja interpuesto ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que otorgó la libertad inmediata de Hugo Mena Giovenni, Flavia Beckman -que hasta entonces cumplía domiciliaria-, Alfredo Bilbao y Esteban Scialócomo.

De este modo, seis imputados con un rol preponderante, según la investigación fiscal, en el mecanismo organizado para sustraer dinero del Estado y con contactos en la Legislatura, quedaron en libertad o con una preventiva morigerada.

En la Unidad Penal aún está alojado Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y secretario del bloque del PJ en el Senado; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera y empleado de Diputados, publicó Análisis Digital.

Siguiendo el criterio de la Sala Penal del STJ, la jueza Carolina Castagno concedió una prisión preventiva más morigerada para los imputados Pérez y Faure y así les otorgó la domiciliaria con tobillera electrónica.

Pero como ese dispositivo no estuvo disponible y recién se pudo activar ayer, la medida se hizo efectiva en esa oportunidad en horas del mediodía.

Los contadores

Gustavo Pérez era director Administrativo Contable del Senado y renunció a ese puesto poco después del escándalo de los contratos truchos, donde según la Fiscalía se estima en casi dos mil millones de pesos los recursos apropiados entre 2008 y 2018.

Mientras que Ariel Faure era empleado contratado de la misma Cámara Alta. Los dos son contadores y, según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, tuvieron un rol preponderante en el funcionamiento de una estructura delictiva dedicada a la sustracción de dinero público.

Los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry entienden que los dos tienen posibilidades de entorpecer la investigación si permanecen fuera de la cárcel. De hecho, consideran que en algunas oportunidades se concretó ese riesgo ya que efectivamente, Pérez y Faure se interpusieron en la tarea de buscar información que llevan adelante los fiscales.

Respecto de los imputados Alfredo Bilbao, Esteban Scialócomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni, los fiscales también entendieron conveniente que permanecieran alojados en unidades penales hasta concluir la investigación. Por eso pidieron las prisiones preventivas ante un juez de Garantías que les dio la razón. Pero, los defensores apelaron hasta llegar con un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ.

Esa última instancia en la provincia, con un tribunal conformado por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, entendió que las preventivas de cumplimiento en la cárcel eran un exceso y ordenó la libertad inmediata.

Esa decisión del máximo tribunal del Poder Judicial provincial, alentó a los abogados defensores a interponer otro recurso de queja ante la Sala Penal del STJ -el cual está en tramitación- para los casos de Faure y Pérez. Aunque en medio de ese trámite, se vencieron los 90 días de prisión preventiva dispuesta para ellos y los fiscales pidieron una prórroga por 60 días. En primera instancia, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, concedió el pedido a los fiscales y permitió que la apelación de los defensores sea inmediata. Por eso, el viernes pasado se hizo una audiencia ante la jueza Castagno, publicó Análisis Digital.

La magistrada del Tribunal de Juicios y Apelaciones aceptó parcialmente el planteo de los defensores y los fiscales: concedió la prórroga por 60 días, pero ordenó que la medida de coerción se cumpla en los domicilios particulares, bajo la custodia de un familiar y con tobillera electrónica.

El Centro de Monitoreo Electrónico a cargo del oficial Carlos Salomón, comunicó que no tenía dispositivos electrónicos disponibles hasta este jueves 28 de febrero. Por la decisión de Castagno no tuvo un correlato inmediato en la modalidad de las prisiones. Pero esta cuestión todavía no termina acá. La Sala Penal del STJ aún tiene que fijar una fecha para tratar en audiencia en recurso de queja que reclama la libertad de Pérez y Faure, tal como se les otorgó a Beckman, Scialócomo, Mena Giovenni y Bilbao.