

Redacción EL ARGENTINO
En pocos días más, tal como se ha venido anunciando, se producirá el cierre total de la centenaria Unidad Penal Nº 2 “Gral Francisco Ramírez”, que desde 1890 funciona en nuestra ciudad.
De acuerdo con lo que hizo saber el titular del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), inspector general Marcelo Sánchez, solamente son trece los internos –todos con causas con intervención de la Justicia Federal- que aún permanecen alojados en dependencias del establecimiento que hasta ahora ha funcionado en avenida Eva Perón 570. Esos internos deben ser trasladados a dependencias bajo jurisdicción federal y, mientras tantos, están bajo custodia del personal del SPER.
La mayoría de los 270 internos que ya han sido reubicados en otros penales, lo han sido en la Unidad Penal Nº 9 Granja El Potrero, que se levanta a la vera de la RN 136, donde se han construido pabellones para albergar a 360 internos, de ambos sexos.
Sánchez mencionó a la Radio Máxima que los profesionales que ejercían su labor en la UP 2 (docentes, médicos, psicólogos, etc.), ya se encuentran trabajando en la UP9.
La unidad penitencias de El Potrero seguirá siendo mixta, sin embargo, algunas internas fueron trasladadas a Paraná, pero luego serán reubicadas en la Granja Penal. “Hoy solo están quedando siete internas, que son las que van a permanecer. Algunas están cercanas al cumplimiento de la pena y son oriundas de la ciudad”.
Sobre el estado de la Unidad Penal Nº2, Marcelo Sánchez informó que “no daba más, tanto para los internos como para el personal que trabajaba en el lugar”.
Con respecto al funcionamiento de la panadería, seguirá en la Granja Penal, y se buscará mantener el punto de venta en la ciudad. “La granja penal ya tiene panadería, ahora en el centro se sigue elaborando el pan para los compromisos comerciales que se tienen”.
Finalmente, el director general comentó que seguro la semana que viene se firmará un acta como forma de cierre de una etapa histórica de la cárcel. A partir de ese acto se podrá punto final al penal.
Un chico se ahogó en Costa Uruguay Sur
Un niño de 14 años de edad pereció ahogado en de un pozo existente en un campo en el que había antiguamente una cantera de la que se extraía broza y que ahora está cubierto por agua
El trágico episodio sucedió cuando el chico, junto a un amigo de 13 años de edad, en la tarde del lunes ingresó al campo y, como motivo de diversión y sin evaluar el peligro, se arrojó al agua del pozo, mientras que su primo al parecer no hizo lo mismo.
El niño de 13 años se alarmó al ver que su primo no salía a superficie, por lo que se dispuso a buscarlo, pero fue en vano su esfuerzo por sacarlo del agua.
Fue entonces que corrió para pedir ayuda, concurriendo al lugar otras personas y personal policial, que encontraron el cuerpo, no pudiéndose hacer nada por tratar de reanimarlo.
Desde la UFI en turno se ordenó la intervención del médico policial y de personal de la División Criminalística de la Jefatura Departamental, disponiéndose la realización de una autopsia.
Cabe señalar en este doloroso caso, que el niño era integrante de una humilde familia radicada en esa zona de Costa Uruguay Sur y había culminado sus estudios primarios en una establecimiento escolar cercano, donde ese mismo lunes debía asistir al acto de colación.
Por la sedición policial hoy es la audiencia de impugnación
En el marco de la causa caratulada "Zaragoza, Carlos Daniel y otros -Sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves y robo agravado en concurso ideal con instigación a cometer delitos”, a partir de las 9.30 de hoy se realizará la audiencia oral y pública de impugnación extraordinaria. Será en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y se transmitirá en directo por el canal del YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.
El Tribunal estará integrado por la presidenta de la Sala Penal del STJ, Claudia Mizawak, la vocal Gisela Schumacher y el vocal Leonardo Portela. Por el Ministerio Público Fiscal estará el procurador general Jorge García. Por las defensas técnicas los abogados: Enrique Bacigaluppe, Gonzalo M. Cantallops, Guillermo Mulet, Damián Petenatti, Rubén Pagliotto y el defensor oficial Alejandro Giorgio.El Ministerio Público Fiscal le imputa a los encausados el siguiente hecho: "Que el día 8 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 21.30, los funcionarios policiales se alzaron públicamente portando sus armas reglamentarias y otros elementos que les habrían sido entregados por la institución policial, quebrantando sus deberes positivos funcionales, para arrancar al gobierno provincial una mejora salarial, lo que obtuvieron al día siguiente en horas de la noche.
Así, ejerciendo violencia ingresaron al edificio de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, golpearon al jefe Departamental. comisario mayor Lucio José Villalba y al jefe de Logística, comisario inspector Ariel Silva, a quienes lesionaron, tomaron el edificio e impidieron que Villalba pudiera abandonar el mismo; sustrajeron las videocámaras y el equipo de DVR donde se almacenan las filmaciones de la Jefatura, provocando daños a puertas y vidrios en el edificio.
Asimismo tomaron la Sala de Tráfico del Comando Radioeléctrico, cortando las comunicaciones, tanto desde la Jefatura hacia el exterior como recepción de llamadas de la ciudadanía a dicha Sección, determinando así que el departamento de Concordia se encontrara sin servicio de seguridad ciudadana; instigando al mismo tiempo con su inacción deliberada y publicitada a los saqueos y robos a distintos comercios de la ciudad.
El 1 de julio de 2015 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Barbagelata Xavier, Silvina Gallo y Darío Perroud resolvió absolver de culpa y cargo a una veintena de los imputados, por los delitos de ‘privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes, robo, lesiones leves reiteradas -dos hechos- e instigación a la comisión de delitos’ que se le atribuyeran.
También dispuso declarar a 17 de ellos autores material y penalmente responsables del delito de sedición agravada -por la condición de funcionario público.
Además condenó a 3 imputados a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el término de nueve años y accesorias legales; y a otros 6 a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo con más la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el término de ocho años y accesorias legales; y a otros 7 a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el término de siete años y accesorias legales, manteniéndose respecto de los mismos las medidas de coerción personal dispuestas por el tribunal el 11 de junio de 2015 hasta que la presente quede firme, practicándose oportunamente por medio de la Oficina Judicial el cómputo de pena respectivo.
El 7 de marzo de este año, la Cámara de Casación Penal Nº2, integrada por María Evangelina Bruzzo, Mariano Caprarulo y Fernando José Martínez Uncal, resolvió no hacer lugar a los planteos de extinción de la acción penal por prescripción promovidos por Alejandro María Giorgio, Enrique Oscar Bacigaluppe, Damián Petenatti, Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, en beneficio de sus asistidos procesales.
Asimismo rechazó los recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2015 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, la que por consiguiente, se confirma en lo que ha sido materia de recurso.
Prefectura desbarató millonaria maniobra de contrabando
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a una persona y secuestraron un cargamento millonario de mercadería de contrabando, en la localidad misionera de Puerto Esperanza, como resultado de un allanamiento realizado en el barrio Nordeste de esa ciudad, que permitió identificar un centro de acopio de artículos ingresados al país de manera ilegal.
El procedimiento inició con tareas de prevención que el personal realizaba en la zona de frontera para desalentar el delito y que lograron, con un puesto de observación montado en el paraje Puerto Segundo, advertir un vehículo que ingresaba a la zona costera y salía, minutos después, a toda velocidad, hacia el casco urbano
En un operativo coordinado entre integrantes de la Prefectura Puerto Libertad y Puerto Esperanza, se siguió a la camioneta hasta el ingreso de una finca que tenía ladrillo a la vista y un acceso de puerta mecánica.
En ese lugar el conductor descendió y, rápidamente, mientras descargaba bultos del interior del rodado, fue interceptado por Prefectura y, aunque intentó huir, fue detenido.
Siguiendo indicaciones del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, se aseguró el perímetro de la propiedad y se allanó la vivienda con el fin de determinar si el terreno funcionaba para almacenar mercadería clandestina.
Como resultado del registro se identificó a seis personas (cuatro de nacionalidad argentina y dos paraguayas) y se incautaron 61 cajas de cigarrillos, con más de 3000 cartones en su interior, cubiertas para automóviles y, además, también fue secuestrado el vehículo utilizado para trasladar la carga.
Cabe destacar que el hombre detenido posee pedido de captura vigente por estar relacionado en otra causa de contrabando.
Gendarmería impidió un contrabando de cigarrillos
Gendarmes del Escuadrón 7 “Paso de Los Libres” que se encontraban apostados sobre el Km35 de la RP 40, en Corrientes, observaron la aproximación de un vehículo Volkswagen Saveiro que circulaba a gran velocidad en sentido Norte-Sur.
Inmediatamente, los uniformados realizaron las indicaciones correspondientes a fin de que el conductor disminuyera la marcha, pero el mismo no acató las señalizaciones y se dio a la fuga.
Ante este hecho se llevó a cabo un seguimiento controlado; logrando interceptar el rodado en la intersección de la RN 123 y la RP 40 y aprehender al involucrado, mayor de edad.
Los gendarmes, efectuaron la apertura de la caja de la camioneta y detectaron 7.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).
El Juzgado Federal de Paso de Los Libres dispuso la detención del conductor como así también el decomiso de la mercadería de contrabando, del rodado y de documentación de interés para la causa.
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