Un ajuste impostergable

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, afirmó que el Poder Ejecutivo "está preparando un ajuste en el gasto político”, que incluiría una reducción del número de asesores y de la flota de autos oficiales, entre otras medidas.

El anuncio llegó luego de que en las redes sociales se criticó la declaración del senador cordobés Carlos Caserio al canal de noticias TN, durante el tratamiento de la ley de emergencia. “Hablar del esfuerzo de la clase política es no entender el Estado (...) La clase política no es la que hace el esfuerzo; la clase política dicta normas”, dijo Caserio.

Esa ley incluye, entre otros puntos críticos, un fuerte aumento de la presión impositiva, a través de impuestos distorsivos; una devaluación encubierta, que podría impactar en la inflación, y el retorno de la discrecionalidad en los aumentos a los jubilados, que significará nuevos juicios contra el Estado.

El Gobierno la justificó afirmando que los “ganadores” del programa económico que imperó durante los últimos años tienen que hacer un esfuerzo y realizar un aporte extra para que el Estado pueda compensar a los “perdedores”. Este argumento estaba implícito en la entrevista: ¿qué esfuerzo hará la dirigencia política?

El senador se dio cuenta de que se había expresado mal y lo admitió luego: “No fue con mala voluntad. Pido disculpas”. Eso sí, reconoció que aún no se ha hablado sobre la posibilidad de que el Poder Legislativo se sume al esfuerzo. Pero, en su opinión, deberían congelarse “todos los sueldos” por encima de un determinado nivel de ingresos, una velada referencia a los salarios de los legisladores.

Con todo, renunciar a nuevos aumentos o reducir el número de asesores y de vehículos disponibles para los funcionarios políticos son cuestiones tan mínimas como secundarias.

Hace años que, ante cada reformulación de los gastos estatales, para bien o para mal, es el sector privado el que paga la cuenta. Si durante la gestión de Mauricio Macri, a pesar de esas oscilaciones que lo llevaron primero a reducir impuestos que luego debió reponer, el objetivo era terminar con el déficit y acotar el gasto público, ahora se trata de aumentar la recaudación para disponer de fondos con fines sociales y, eventualmente, para el pago de la deuda.

Pero nada se dice de la ineficiencia y de la improductividad de la administración pública, que consume año tras año el equivalente a unos siete puntos del producto interno bruto, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Dilapidar recursos públicos es muy grave, en cualquier circunstancia. Más aún si estamos en emergencia. Hay allí un ajuste impostergable, que la nueva administración debe encarar de inmediato.