Presunta estafa en el caso $LIBRA: el fiscal Eduardo Taiano imputó a Javier Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al presidente Javier Milei tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, ocurrido poco más de una semana atrás. El funcionario de la Justicia tomó la decisión en base a la denuncia presentada por el dirigente opositor, Juan Grabois, junto al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del líder libertario en la repentina valoración y posterior desplome del criptoactivo.

El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Grabois, impulsor de la denuncia, aseguró: "Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente".

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La Justicia investiga formalmente a Javier Milei

Luego de que la jueza federal María Servini delegara el jueves pasado la instrucción de la causa en Taiano, finalmente el fiscal comenzará formalmente la investigación sobre el máximo mandatario argentino. La controversia con Milei se desató el 14 de febrero, cuando el líder libertario publicó en su cuenta oficial de X (@JMilei) un enlace a un contrato para la adquisición del criptoactivo en la blockchain Solana, presuntamente destinado a financiar proyectos privados en Argentina.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei” y otras cinco personas involucradas en el proyecto, indicó el fiscal Eduardo Taiano en una resolución.

En detalle, se comenzarán a investigar los hechos para dilucidar si hubo posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. En este sentido, la Justicia solicitó información al Banco Central de la República Argentina y a empresas como Google para determinar el origen de la criptomoneda y el rol que tuvo el Presidente en su lanzamiento.

Además, también se ordenó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que colabore en la preservación y recuperación de evidencias.

Además de la investigación local, hay demandas en el exterior, ya que algunos afectados se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar un proceso legal. Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros. (Fuente: Ámbito)