Preocupación en UIER por el salto del 119% en juicios laborales

Preocupación en UIER por el salto del 119% en juicios laborales. La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) encendió luces de alarma tras conocerse un informe actualizado de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que muestra un incremento del 119% en la cantidad de juicios laborales iniciados en la industria manufacturera de la provincia en los últimos tres años, al pasar de 288 casos en 2021 a 629 en 2024.

El presidente de UIER, Gabriel Bourdin, expresó su preocupación: “Se duplicaron los juicios laborales en la industria en los últimos tres años. La situación es cada vez más preocupante para las empresas porque atenta contra el empleo y las pymes. Por un lado, significa un freno directo a la creación de nuevos puestos de trabajo registrados y, peor aún, pone en riesgo la subsistencia de las micro y pequeñas industrias de la provincia”.

Según el informe de UART, aunque la siniestralidad laboral disminuye progresivamente, la judicialización de los casos sigue en ascenso. Entre Ríos acumula dos años consecutivos de crecimiento en la litigiosidad laboral por encima del promedio nacional: en 2023 creció un 39% frente al 26% del país, y en 2024 lo hizo un 12% frente al 7% nacional.

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El impacto no solo afecta a la industria manufacturera —el sector más golpeado—, sino también a la administración pública, la agricultura y ganadería, el comercio, la construcción y otros rubros. En números generales, la provincia pasó de 1.292 juicios laborales en 2021 a 2.002 en 2024, un aumento del 55%.

Bourdin remarcó que la situación se agrava por la jurisprudencia local, que anticipa “mayor probabilidad de que las empresas salgan perdiendo” en los conflictos. “Los fallos de jueces provinciales habilitan el pago de montos cada vez mayores por las sentencias, lo que implica mayores costos para producir y, en el peor de los casos, pone en jaque a las empresas mismas”, sostuvo.

Entre los fallos que marcaron un antes y un después, el informe menciona Crettaz c/Iapser y Vázquez c/Iapser, que dispararon los montos de las indemnizaciones —más del doble respecto al promedio nacional— y fomentaron la reapertura de casos ya cerrados en un 35%. El impacto varía según el tamaño de las empresas: las de 101 a 1.500 empleados registraron un incremento del 76% en la cantidad de juicios, las de más de 1.500 trabajadores un 66%, y las pequeñas (de 1 a 10 empleados) un 18%.

Como posibles salidas, la UART propone la revisión de fallos clave, el cumplimiento de lo previsto en las leyes nacionales y provinciales sobre intervención de cuerpos especializados, la regulación adecuada de honorarios periciales y la separación de estos costos del monto total del juicio.

El análisis concluye que la “litigiosidad exacerbada” en Entre Ríos no solo amenaza la estabilidad de las pymes, sino que también desincentiva el empleo formal en un contexto económico ya desafiante.