
El Gobierno dilata negociaciones colectivas y no homologa acuerdos mientras YPF otorga subas millonarias a su cúpula. Gremios en estado de alerta y amenaza de conflicto.

Redacción EL ARGENTINO
Paritarias congeladas y aumento millonario para las cúpulas: crece la bronca sindical. La falta de homologación de acuerdos salariales y el freno a nuevas paritarias por parte del Gobierno nacional están generando una creciente tensión en el movimiento obrero. Gremios clave se encuentran en estado de alerta, advierten sobre posibles medidas de fuerza y denuncian una política oficial que busca disciplinar la negociación colectiva.
Uno de los focos más conflictivos se ubica en el sector petrolero. Trabajadores de yacimientos denuncian que no han sido convocados para cerrar el período paritario 2024-2025, vencido en marzo, y exigen que se resuelva ese tramo antes de iniciar las tratativas correspondientes al nuevo ciclo iniciado en abril. En paralelo, crece la preocupación por las cesantías: sólo en Vaca Muerta se registraron 700 despidos recientes, junto a retrasos salariales y pagos fraccionados, todo en un contexto de alta actividad.
La indignación creció exponencialmente al conocerse que los directores de YPF aprobaron un aumento de honorarios del 388%. Cada uno percibe ahora unos 70 millones de pesos mensuales, según datos de la propia petrolera, que destinó más de 10 mil millones de pesos a este rubro durante 2024. La asimetría entre las condiciones de los trabajadores y los beneficios de la cúpula empresaria elevó la temperatura en los gremios.
En este escenario, llamó la atención el silencio de Jorge "Loma" Ávila, secretario general de los petroleros de Chubut y actual diputado nacional, quien no se pronunció sobre el conflicto pese a que su tesorero ocupa un lugar en el directorio de YPF por representación obrera.
Otro caso emblemático del bloqueo oficial a las paritarias se da en el gremio de Comercio, que representa a más de 1,2 millones de trabajadores. Allí, el gobierno de Javier Milei intervino para forzar una rebaja del aumento pactado entre el sindicato y las cámaras empresarias. Con un acuerdo cerrado por una suba del 5,4%, la Secretaría de Trabajo convocó en dos oportunidades a la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) y a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para renegociar un incremento inferior al 1%.
La maniobra desató un conflicto interno. La Faecys, encabezada por Armando Cavalieri, aseguró que los supermercados y comercios pagarán el aumento. Sin embargo, grandes cadenas y mayoristas, que concentran a un tercio de los trabajadores del sector, anunciaron que sólo otorgarán un adelanto y condicionaron el pago total a la homologación oficial del acuerdo, que sigue sin firmarse.
Mientras la inflación castiga el poder adquisitivo y los salarios reales se achican, el Gobierno mantiene su decisión de trabar aumentos por fuera de su techo. Para muchos dirigentes sindicales, se trata de una estrategia deliberada para desarticular la acción gremial, en contradicción con la promesa de campaña de respetar la libre negociación entre las partes.
En medio del malestar creciente, los sindicatos comienzan a articular medidas de fuerza y evalúan nuevas formas de presión. La conflictividad laboral, lejos de ceder, se instala como una constante en un escenario económico cada vez más restrictivo para los trabajadores.
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