La nueva gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF) se centrará en las offshore

El candidato de Alberto Fernández para presidir el organismo antilavado fue formalmente designado ayer, justo un día antes de que terminara el mandato de Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Se trata del abogado Carlos Cruz, quien quedó como presidente, mientras que Mariana Quevedo será nombrada vicepresidenta.

Aunque las definiciones sobre el rumbo que tomará la nueva gestión de la UIF no se darán a conocer hasta que estén activamente en funciones, en la última semana se dejó vislumbrar parte de la motivación que tendrá el organismo para ejercer sus funciones y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Los principales ejes, según reconstruyó el diario La Nación, serán fijar la lupa sobre la evasión fiscal como uno de los principales delitos precedentes al lavado, y endurecer el control sobre las personas jurídicas.

El control de las personas jurídicas -con claras referencias a la banca privada- fue legitimado como uno de los rumbos que tomará la UIF. Y, en este sentido, se planteó también la necesidad de delinear nuevamente la forma en que la UIF se comunica con la Justicia.

La función de la UIF como querellante en causas por corrupción ha sido fuertemente criticada por distintos dirigentes del peronismo y creció notablemente durante la administración macrista. Hay quienes denunciaron en la Justicia que la UIF ejerció una “persecución” contra jueces y ex funcionarios.

En un informe elevado por la gestión saliente al Congreso la semana pasada, firmado por Federici y Talerico, se expuso que durante la gestión 2015-2019 se produjo un aumento del 135 por ciento en la cantidad de querellas asumidas por la UIF, pasando de 70 a 165. Del total de querellas, un 33 por ciento se relaciona con delitos contra la administración pública, es decir, casos de corrupción.

Hacia finales de 2015 las querellas en casos de delitos contra la administración pública representaban menos del 10 por ciento de las querellas totales ejercidas por la UIF.

Aquí se presenta, tal vez, una de las mayores diferencias entre la gestión macrista y la entrante. Federici y Talerico resaltan la cantidad de querellas en casos de corrupción como delito precedente al lavado de activos, mientras que en declaraciones públicas Cruz dijo que la corrupción “se instala como un tema para evitar la evasión por parte de grandes empresas”.

“Se recrimina mi falta de idoneidad porque saben que voy a investigar otras cosas”, remarcó en la audiencia. Para apoyar las dos designaciones se realizaron 650 adhesiones y seis impugnaciones. La diputada Graciela Ocaña, que había impugnado a ambos, no asistió. Los expositores del mundo académico elogiaron enfáticamente a Cruz y remarcaron su idoneidad.