La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la TV Pública en busca de contratos vinculados a la productora de un periodista cercano al jefe de Gabinete, en el marco de la investigación por el financiamiento de un viaje en avión privado a Punta del Este.
Redacción EL ARGENTINO
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en la TV Pública para secuestrar documentación vinculada a contratos de la productora del periodista Marcelo Grandio, en el marco de la causa que investiga un polémico viaje en avión privado a Uruguay.
El operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo, quien intenta determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La sospecha gira en torno al financiamiento del vuelo a Punta del Este que Adorni compartió con su familia y su entorno cercano.
El viaje en avión privado que desató la causa
El escándalo comenzó a partir de un vuelo privado que unió Argentina con Punta del Este. En ese viaje, Manuel Adorni coincidió con Marcelo Grandio, cuya productora tendría contratos con la emisora estatal.
La clave de la investigación está en determinar quién pagó realmente el traslado. Mientras el funcionario aseguró públicamente haber afrontado los gastos, la declaración del piloto contradice esa versión.
Ante la Justicia declaró Agustín Issin, quien operó el vuelo. Su testimonio fue contundente: aseguró que tanto la ida como la vuelta fueron abonadas por Grandio. Según detalló, el viaje fue contratado a través de la empresa Alpha Centauri y facturado a la productora Imhouse S.A. por unos US$3.000, tras aplicar descuentos por plazas vacías, la llamada modalidad “empty leg".
Además, sostuvo que el pago se realizó en efectivo, mediante un tercero y con coordinación por mensajes y audios, los cuales, afirmó, estarían respaldados.
Este punto resulta central para la causa, ya que la Justicia busca determinar si ese pago constituyó un beneficio indebido hacia un funcionario público.
Los contratos bajo la lupa y una hipótesis que gana fuerza
El procedimiento en la TV Pública apunta directamente a los vínculos comerciales entre la productora de Grandio y el Estado. La hipótesis que analiza el fiscal Gerardo Pollicita es que el pago del vuelo podría haber sido una retribución por esos contratos, lo que configuraría un delito.
Por ahora, Grandio no fue citado a declarar, pero no se descarta que pueda ser imputado, dependiendo de cómo avance la investigación.
En este contexto, la causa parece haber dejado en segundo plano la línea del enriquecimiento ilícito para centrarse en posibles dádivas y conflictos de interés (Fuente: A24)