La Corte creó un cuerpo de peritos para casos de corrupción

En el acuerdo semanal los jueces del máximo tribunal dispusieron la creación del nuevo cuerpo de peritos que estará conformado por diez expertos surgidos de concursos públicos, que intervendrán en “casos de corrupción y delitos contra la administración pública”.

“Es tarea de todos los poderes del Estado, y en particular, de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Ello se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva”, manifestó la Corte en su resolución.

El grupo de peritos contará con especialización en “casos de corrupción y de criminalidad económica”, e intervendrá “a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal”, se informó.

El nuevo cuerpo se sumará a los 13 que ya están en funciones y los 10 cargos que están en concurso, aunque su competencia estará abocada a casos de corrupción, criminalidad económica y lavado de activos en cuanto interfiere con intereses públicos.

La dependencia actuará a requerimiento de los magistrados judiciales con competencia criminal y deberá elaborar informes de su especialidad “en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes”: dicha tarea será llevada a cabo mediante la actuación de profesionales, “de reconocida solvencia y experiencia en las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes”, indicó el máximo tribunal.

La resolución de la Corte lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, a excepción de Raúl Zaffaroni, quien ya anunció que en enero próximo se jubilará.

La creación de este cuerpo especial de peritos se suma a iniciativas propuestas por sectores de la oposición para crear una denominada “Conadep de la corrupción”, lo que supone una comisión extrajudicial encargada de revisar los casos de fraude al Estado, con el propósito de juzgar y condenar a los responsables de estos hechos ilícitos, como ocurrió con los represores de la última dictadura.