
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un paro general de 24 horas para el martes 8 de abril. Se trata de la tercera huelga desde la asunción del presidente Javier Milei y la primera del 2025.

Redacción EL ARGENTINO
La decisión se formalizará este jueves, cuando los dirigentes voten un plan de acción. Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central obrera, adelantó que la medida de fuerza responde a la “presión sobre los trabajadores y la represión” ejercida en las últimas semanas.
El ala dura del sindicalismo y las bases gremiales venían exigiendo una protesta, mientras que el sector dialoguista intentaba evitarla. Sin embargo, los hechos de violencia en el Congreso y la represión en recientes manifestaciones terminaron de inclinar la balanza a favor del paro.
Este nuevo paro se suma a un mes cargado de protestas. Los docentes universitarios ya realizaron medidas de fuerza el lunes y martes pasados, mientras que el 24 de marzo se llevará a cabo la tradicional marcha por el Día de la Memoria. Además, el miércoles 27 habrá una nueva movilización de jubilados, un sector que en las últimas semanas ha ganado protagonismo en las calles.
A esto se suma la discusión política en el Congreso. El martes 18 se realizará un plenario para investigar el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, mientras que el jueves 20 podría tratarse en el Senado la designación de los candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Desde el oficialismo aseguran que los paros y protestas fortalecen al Gobierno al desgastar la imagen del sindicalismo. Al mismo tiempo, el peronismo intenta canalizar la conflictividad social para reorganizarse políticamente.
Un factor clave para el éxito de la medida será la adhesión de los gremios del transporte. Tanto la CATT (cercana a Hugo Moyano) como la UGATT aún no definieron su participación. La decisión de estos sindicatos podría determinar el nivel de impacto del paro en el país.
Tras la represión a jubilados y manifestantes la semana pasada, la CGT respaldó a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de más de 100 detenidos. En un comunicado, la central sindical afirmó que seguirá “bregando por el derecho a la protesta” y acusó al Gobierno de intentar criminalizar la movilización social.
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