
El nuevo decreto del gobierno propone una transformación profunda en la conducción del INTA, restándole poder a los productores y sometiéndolo a la voluntad del Ejecutivo.

Redacción EL ARGENTINO
Cambio de paradigma en el INTA
El borrador del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, lejos de desregular, reconfigura el modo de gobierno del INTA. El organismo dejará de estar conducido por un consejo con mayoría del sector privado para quedar bajo la órbita de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, subordinado a una cadena burocrática que lo convierte en “funcionario de quinta”.
La autarquía política queda disuelta; las decisiones quedarán en manos del Ejecutivo, sujeto a la volatilidad del poder de turno en Argentina.
De Consejo Directivo a Consejo Técnico ad honorem
Hasta ahora, el Consejo Directivo del INTA incluía representantes de las entidades agropecuarias, universidades y el Estado. Con el decreto, ese órgano queda reducido a un Consejo Técnico sin capacidad de veto ni función decisoria. Trabajará ad honorem y estará limitado a sugerencias, sin incidencia real en la gestión.
La nueva conformación excluye a las universidades y a los grupos CREA, debilitando el perfil técnico y científico de la institución. Todo se concentrará en el presidente, designado por el Ejecutivo, quien responderá a múltiples escalones jerárquicos del poder político.
Consecuencias para el sector agropecuario
Con el decreto, el INTA se convierte en un brazo administrativo del Ejecutivo, perdiendo representatividad y autonomía. El plan oficial incluye despidos masivos (25% del personal), venta de tierras (unas 70.000 hectáreas) y cierre de agencias de extensión rural.
El disciplinamiento institucional fue precedido por la creación de una supersecretaría que absorbió funciones claves. Los funcionarios del área económica, a través de operadores políticos, presionaron para ejecutar este rediseño sin oposición significativa ni de técnicos ni de dirigentes.
Una agenda agropecuaria sin productores
Lo que se advierte es un alineamiento del INTA a una agenda concentradora, alejada de los intereses del productor tradicional. Según el enfoque oficial, el rol de los dirigentes gremiales se reduce a la obediencia. Solo la Federación Agraria mantuvo su oposición; las demás entidades cedieron espacio a cambio de conservar cargos ya vaciados de poder.
La modificación legal también podría enfrentar recursos judiciales. Pero mientras tanto, el avance del Ejecutivo sobre el INTA ya es palpable, y se orienta a un modelo sin participación democrática ni técnica en la toma de decisiones. (Con información de Bichos de Campo)
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