La Confederación General de Trabajadores (CGT) anunció su participación en la marcha prevista para este miércoles 17 frente al Congreso, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.
Redacción EL ARGENTINO
La central obrera definió la medida a través del Consejo Directivo Nacional y destacó que la movilización busca respaldar a trabajadores de la salud y a la comunidad universitaria.
En un comunicado, la CGT subrayó que “la salud y la educación son pilares fundamentales para el progreso y el desarrollo del país” y advirtió que los recortes aplicados por el Gobierno nacional ponen en riesgo el funcionamiento de ambos sectores, afectando tanto las condiciones laborales como el acceso a derechos fundamentales.
La central también señaló que desde la asunción de Milei en 2023, el presupuesto destinado a educación y salud descendió un 40% en términos reales. Los decretos 647/2025 y 651/2025, que vetaron las leyes de Emergencia Pediátrica, de Residencias y los fondos universitarios, fueron criticados por la CGT, que los calificó de contrarios al consenso social logrado previamente.
La presentación del Presupuesto 2026 por parte de Milei amplió los reclamos. Para las universidades, la ley enviada al Congreso perpetúa la emergencia financiera: mientras el Consejo Interuniversitario Nacional solicita 7,3 billones de pesos para cubrir las necesidades del sistema, el proyecto prevé 4,8 billones, consolidando un ajuste que preocupa al sector.
En cuanto a salud, Milei anunció un aumento del 17% sobre la inflación proyectada para 2026, estimada entre 7 y 12 puntos, lo que no compensaría la reducción de partidas registrada en los dos primeros años de su gestión.
La concentración del miércoles 17, a partir de las 15 horas frente al Congreso, contará con la participación de organizaciones de salud, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos opositores y miembros de la comunidad universitaria. La CGT enfatizó que la movilización no solo busca manifestar su rechazo a los vetos, sino también exigir mayor financiamiento y condiciones dignas para los sectores más afectados por los ajustes presupuestarios.
La medida se suma a un contexto de tensión social y política, donde las decisiones del Ejecutivo sobre salud y educación han generado fuertes debates y resistencia de distintos actores sociales, que advierten sobre el impacto de los recortes en la calidad de los servicios y la estabilidad laboral de los trabajadores públicos.