
Surge de un informe del Observatorio para la Deuda Social de la UCA al que accedió Infobae. Analiza las diferencias entre CABA y el conurbano, las causas y posibles soluciones a ese cuadro que se agrega a la pobreza por ingresos.

Redacción EL ARGENTINO
Junto al dato puntual del nivel de pobreza en el segundo semestre del 2022, que según el Indec ascendió a 39,2% del total de la población, aparece una tendencia preocupante en la última década en varias dimensiones, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que analiza la evolución de la pobreza por ingresos, multidimensional, las carencias no monetarias y la situación social en los distintos estratos socioeconómicos de la Argentina.
Mientras algunos aspectos vinculados al contexto ambiental mejoraron desde 2010, empeoraron el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y a la seguridad social, pese a las medidas asistenciales adoptadas por el Estado.
Un período de bajo crecimiento económico -en particular del PBI por habitante-, de escasa creación del empleo privado registrado, de baja inversión privada y de alta inestabilidad (vía dólar e inflación) explican estos desalentadores resultados. Aun con una baja en el desempleo total, esta corriente de degradación no se ha detenido y así lo reflejan los centros urbanos que exhiben bajas tasas de desocupación y altos índices de pobreza, según los datos del Indec.
El estudio de la UCA refleja que el déficit de empleo y seguridad social no varió entre 2010 y 2022, al mantenerse en torno del 31% de la población; que creció el porcentaje de déficit en alimentos y salud del 20% al 27% en este período y, en particular, la inseguridad alimentaria severa pasó del 7% al 9 por ciento.
Además, mientras que mejoró el acceso a las redes de cloacas y agua corriente, no mejoraron las condiciones para acceder a una vivienda digna, tanto por tamaño apropiado para la cantidad de miembros del hogar, como de la calidad de los materiales.
Los datos son contundentes. Tanto que casi no requieren un análisis, pero aun así, estas son las principales conclusiones a las que arribó el equipo que dirige Agustín Salvia:
- En un contexto de mejoras variables, pero tendencialmente regresivas en materia de bienestar para el período 2010-2021, las evidencias dan cuenta de un aumento de la desigualdad estructural al interior del AMBA para una serie de dimensiones cruciales asociados a las condiciones materiales de vida y de integración social.
- En la Ciudad de Buenos Aires, algunas de las privaciones no monetarias manifiestan un carácter marginal como el caso del acceso a servicios básicos o muy reducidos, como el acceso a una vivienda digna.
Las evidencias dan cuenta de un aumento de la desigualdad estructural al interior del AMBA
- Para los partidos del Conurbano Bonaerense, estos aspectos asumen una incidencia muy superior, aunque registran una mejora a lo largo del período observado. Sin embargo, dada la desigual composición socioeconómica de ambas jurisdicciones, aumentó la brecha de desigualdad socio-urbana.
- Tanto en relación al acceso a la vivienda, los servicios básicos y a un medioambiente saludable, se observan mejoras asociadas a la inversión pública en materia de saneamiento y mejora ambiental.
- En cambio, otros aspectos registran una evolución desfavorable, particularmente en los últimos años, como el acceso a la alimentación y la salud y al empleo y la seguridad social. Estos factores están asociados a la crisis, situación que se agravó aún más como consecuencia de la pandemia.
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