
Una tregua es cuando “se suspende o alivia por algún tiempo un dolor o mortificación”. El pueblo de Gualeguaychú, castigado por la irrupción de una planta colonialista y contaminante en su río predilecto, inició ayer a las 13 un parate en su ataque para defender su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Es que nadie nace preparado para vivir en un conflicto permanente.

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Por eso, la Asamblea Ciudadana del miércoles pasado acercó el gesto que esperaban los gobiernos de la Argentina y Uruguay, que ahora no tendrán excusas para hacer el control en el interior de una planta ilegal en el río Uruguay.
La decisión de la ciudadanía dio el marco ideal para resolver un conflicto que hasta hoy lleva 2452 días. Serán sesenta días de tregua, un tiempo de paz y de oportunidad a la otra parte para que encuentre las condiciones óptimas. Es el único camino para poner fin a una situación extraordinaria que atraviesan desde hace siete largos años ciudadanos ordinarios.
El primer síntoma de que la situación tiende a normalizarse fue la cola de automovilistas que desde la mañana temprano esperaban en ese paraje para pasar por el puente General San Martín y disfrutar del fin de semana largo en Uruguay.
Miriam y Daniel son un matrimonio que reside en la localidad de Avellaneda. Hasta ayer debían atravesar el puente General Artigas, que une Colón y Paysandú, o viajar en barco para visitar a la mamá de Miriam que reside en Carrasco, Montevideo, y es portadora de una enfermedad crónica.
“Es un alivio volver a contar con este paso fronterizo”, expresó a EL ARGENTINO Daniel, quien manifestó su apoyo a la causa por el Si a la Vida y el No a las Papeleras, aunque no coincidió con el corte de ruta como método de protesta.
Antes de levantar la barrera, los ciudadanos que llegaron hasta el kilómetro 28 de la ruta 136 entonaron las estrofas del Himno Nacional e hicieron un minuto de silencio por los asambleístas que perdieron la vida en estos siete años de conflicto y por los periodistas de la señal televisiva C5N que ayer fallecieron cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en el frente de una vivienda.
A continuación se leyeron unas palabras alusivas al día de la bandera de Entre Ríos, que fuera utilizada como estandarte por José Gervasio Artigas. El general de hombres libres que una vez dijo que no iba a vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de las necesidades.
Finalmente, se leyó una proclama dando a conocer la decisión de apartarse durante sesenta días a un costado de la ruta internacional 136, en el paraje designado “hito histórico y cultural”.
“Lo hacemos como un gesto dirigido a destrabar un conflicto de más de siete años, derivado de la instalación ilegal de la empresa Botnia-UPM, que no hemos generado y del cual somos víctimas”, indicó el documento y ratificaron los asambleístas.
En esa dirección se manifestaron los ciudadanos en los puntos más remotos de la ciudad. En la mesa familiar, en las plazas, en el diálogo con amigos, en la cola del banco, en el debate de café, y en cualquier encuentro fortuito, todos entendieron que se trata de “una de las últimas oportunidades” que tiene la política para destrabar el conflicto. Es una luz de esperanza que se enciende para que los gobiernos elaboren un plan tendiente a defender el medio ambiente y trabajar en la real y plena integración de los pueblos.
Todos entendieron que el retiro al costado de la ruta es un “gesto de grandeza” de los depositarios de la batalla ambiental, que en realidad no generaron el conflicto, pero son los que más lo padecen.
“Ideológicamente, creo que ni yo ni nadie puede estar de acuerdo con un corte, pero soy uno de los que llevo adelante las guardias en Arroyo Verde por la ausencia o la omisión de los Estados en la problemática que nos afecta a todos”, expresó León, un vecino de la ciudad.
En este contexto, en la histórica jornada no hubo manifestaciones de júbilo. Sí había mayor distención entre los asambleístas, pues entienden que sin el corte de Arroyo Verde en las tapas de los medios, se puede volver a debatir lo esencial: la contaminación de Botnia en el río Uruguay.
Fue inteligente la estrategia dado que ahora son los Estados los que están en la obligación de encontrar y dar respuestas. En otras palabras, se quitó el árbol del medio a la espera de que se pueda ver el bosque.
Si bien se dejó en claro que se trata de un levantamiento temporario, hay esperanza de que sea el primer paso hacia una solución de los gobiernos para que los ciudadanos vuelvan a sus casas, el lugar donde nunca se tendrían que haber ido.
Cuando caía la tarde y casi no quedaban los móviles de las señales televisivas nacionales, la guardia de Arroyo Verde volvió a la normalidad. “Poly” Cabrera , Dora Rey, Alicia Watter, Norma López Guerra, “Nela” Gómez, Juan y Susana Dargains, Beto Ríos, Dorita Olivera, Irma Giménez, además de Yolanda y Néstor Garín se hicieron cargo de la primera guardia, que por sesenta días entregará folletería para concientizar a los automovilistas sobre una causa nacional, les guste o no a los gobiernos.
Con el levantamiento del corte, el mensaje de los pobladores de Gualeguaychú se vuelve más claro y firme que nunca. A partir de ahora, los Estados tienen un plazo de sesenta días para terminar con las verdaderas barreras que minan la integración de los dos pueblos. El control dentro de la ilegal planta de Botnia es el primero de ellos, tal como lo exigió el fallo de La Haya y rubricaron poco después los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica en Anchorena. De ellos depende volver a unir a dos pueblos que tienen más de 200 años de una profunda hermandad.
El gesto y la propuesta
En la proclama que ayer se leyó en Arroyo Verde, la Asamblea Ciudadana recordó la propuesta aprobada el miércoles pasado en el club Frigorífico, donde se aprobó el levantamiento del corte pero se pidió lo siguiente al Gobierno nacional:
* Asegure que sigue firme lo planteado por el Estado Argentino ante la Corte Internacional de Justicia sobre el desmantelamiento o relocalización de Botnia-UPM fuera de la cuenca del río.
* Concrete con el Gobierno Uruguayo, en dicho plazo, el compromiso de Anchorena, acordando controles dentro de la planta de Botnia-UPM y en el Río Uruguay, de conformidad al mandato de la sentencia del 20 de abril de 2010 de la Corte de La Haya y al artículo 44º del Estatuto del Río Uruguay.
* Reconozca y difunda públicamente las conclusiones científicas del grupo técnico argentino sobre la contaminación probada de Botnia-UPM sobre el ecosistema del Río Uruguay.
* Dar a conocer a qué fueros recurrirá para plantear el reclamo sobre la contaminación atmosférica, del aire y el impacto socio-económico en la región provocados por Botnia-UPM.
* Continuar con el Plan de Vigilancia Ambiental de los científicos universitarios desarrollado hasta la fecha en el río Uruguay.
* Informe permanentemente al pueblo, de forma completa, veraz y auténtica, las conclusiones de estudios y análisis jurídicos de toda causa o reclamo judicial llevado contra Botnia-UPM.
* Garantice la presencia de la Asamblea, en alerta permanente, en el refugio del lugar histórico y cultural de Arroyo Verde y a la vera del mismo, entregando folletería alusiva a nuestra causa durante los 60 días mencionados.
* Reafirmar nuestros reclamos dirigidos a que las autoridades implementen las prohibiciones no económicas previstas en el Código Aduanero, a la empresa Botnia-UPM ; que se controle la navegación de buques en el Río Uruguay que se dirigen desde y hacia el puerto ilegal de Botnia; que se controlen los camiones que circulan por la Ruta 14 y transportan sustancias peligrosas con destino a la planta de Botnia.
* Que el Estado logre de las autoridades de la República Oriental del Uruguay que se notifique a los directivos de Botnia citados a declaración indagatoria por la justicia federal argentino y que dejen sin efecto las limitaciones para que podamos ejercer nuestros derechos de libre expresión en territorio uruguayo.
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