

Redacción EL ARGENTINO
El fiscal titular de la Unidad de Género, Leandro Dato, brindó detalles del trabajo coordinado a nivel nacional e internacional que se desarrolló para desarticular una red de distribución de pornografía infantil y que incluyeron allanamientos en la provincia y especialmente en Gualeguaychú.
En declaraciones realizadas al programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza de Paraná), Dato sostuvo que “es un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires que recibe toda la información de distintas agencias del mundo que tienen que ver con la pornografía en la infancia, en particular en Argentina. Desde allí nos derivan a las provincias los informes con identificación de domicilios, usuarios de servicios de internet y cable que podrían estar compartiendo material pornográfico, como en este caso”.
Especificó que “el trabajo del lunes se realizó en tres Departamentos de la provincia, con operativos en dos domicilios de Paraná, uno de Diamante y otros dos de Gualeguaychú, donde uno solo estaba involucrado” ya que “esto es un programa que recibe y transfiere la información, que trabaja con internet, y suele suceder que se clonan dispositivos o se toma el WiFi del vecino”.
Acotó que “los rastreos con información que nos llegan puntualizan fecha y hora exacta en que desde tal computadora se movió el programa, que en general está en el escritorio de las computadoras”.
[{adj:86838 ]Sobre el trabajo que se realiza, apuntó que “en principio se secuestra el CPU, Cd’s o alguna cámara de filmación o de fotos porque en principio entramos para constatar la utilización del programa, pero puede haber casos en que además las personas produzcan pornografía que es otro delito, o que tengan en su poder pornografía infantil que también es otro delito distinto. De acuerdo al material que se encuentra, pueden configurarse distintos delitos. En una segunda etapa de la investigación se deberá determinar si hubo en el lugar producción de pornografía, por eso trabaja Criminalística, Trata de Personas de la policía, Inteligencia Criminal que tienen su rol dentro de la vivienda al ser allanada, se toman fotos, filmaciones del lugar para cotejar luego todo”.
También dijo que “es muy difícil cuantificar las victimas porque en algunos casos hay cientos de imágenes, porque el eslabón es la utilización del programa y la transferencia de información de pornografía en casos concretos de Paraná, Diamante y Gualeguaychú. No se llega a determinar en esta investigación si hubo producción de pornografía fuera de la ciudad o del país, en principio”.
Confirmó que “las personas halladas en los domicilios quedaron identificadas, no estaban en flagrancia –no estaban utilizando el programa en el momento- por lo cual no fueron detenidas, pero claramente están vinculadas a la investigación” y mencionó que “algunos tienen que ver con el trabajo en redes, otros con trabajos informáticos, y otras personas son empleados públicos, empleados privados o tienen algún oficio”.
Consultado por los delitos imputados, Dato señaló que “en principio se trabaja sobre la base del artículo 128 del Código Penal, cuya pena es de 3 a 6 años de prisión, que tiene que ver con divulgar, facilitar o distribuir material de pornografía. Si hubiera tenencia podría ser otro delito que tiene una pena de 6 meses a dos años. Son las dos primeras figuras con las que van a estar acusadas estas personas”.
Finalmente, consideró que “como pasó con la política criminal de violencia de género y abuso sexual, a este delito se le ha prestado más atención en el último tiempo y empiezan a generarse actividades estatales de algunas agencias junto con fundaciones y asociaciones civiles dedicadas a la visibilización de estos temas y a la persecución. Hay más foco de atención y por eso ahora estamos teniendo más causas. Estos procedimientos como el del lunes de Aliados por la Infancia que se dio al mismo tiempo en otros países, en general es una política continental de prestar atención y empezar a perseguir más firmemente este tipo de conductas, con un concepto de cooperación y de colaboración”.
Los operativos en Entre Ríos
Fueron 61 allanamientos conjuntos y coordinados en 16 provincias, entre ellas Entre Ríos, los que se hicieron el lunes pasado y coincidieron con otros 89 realizados en todo el mundo. En total, los 150 procedimientos se dieron en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia” y tuvieron como objetivo desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel mundial. Estos procedimientos fueron fruto de la primera acción de este tipo “concebida y coordinada desde Argentina para combatir la explotación sexual de niños y adolescentes”, dijeron fuentes oficiales al portal Infobae.
Al momento, en Argentina hay 12 detenidos y se secuestraron más de 700 dispositivos de almacenamiento electrónico. “En Chile se detuvo a cinco sospechosos, en Ecuador a uno y se aguardaban aún los resultados de los demás países intervinientes”, describieron desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
La investigación involucró objetivos ubicados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. “Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a siete países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico”, detallaron las fuentes.
“Estamos trabajando para sumar la participación de Israel y Alemania, quienes estuvieron presentes en nuestras oficinas hoy para observar el trabajo que hacemos. Esperamos que puedan participar activamente en el próximo operativo”, sostuvo Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad, sobre la presencia de Walter Kogan de la Policía Nacional israelí y Jesko Weiss, agregado policial de la embajada alemana.
Los informes internacionales fueron y son recibidos en el país por la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires y el fiscal Mahiques estuvo siguiendo el operativo también junto a miembros del HSI, Daniel Aranda de la Policía de Investigaciones de Chile, Paul Vallejo Madrid de la Embajada de Ecuador, Elizabeth Gutiérrez de la Embajada de Panamá y Francisco Pont Vergés del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
“En el centro de monitoreo también se hicieron presentes miembros de ‘Operation Underground Railroad’ (OUR), protagonistas en el film Sounds of Freedom (Sonidos de Libertad), película taquillera que está basada en hechos reales de operativos contra la trata y abuso infantil, y cuyos miembros cooperan actualmente con el trabajo que hace la justicia porteña”, informaron.
“Aliados por la Infancia” surgió como resultado del trabajo en conjunto de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el US Department of Homeland Security de EEUU y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College.
“Esto permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense ‘Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)’”, destacaron. El ICACCOPS permitió verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer (Puerto a Puerto) en el país entre los meses de enero y junio de 2023.
“ICACCOPS desempeña un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes, denominadas MASI”, explicaron. ¿Cómo funciona? La plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos con MASI.
Además, también se identificaron usuarios en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos (Paraná, Diamante y Gualeguaychú), Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy y Tierra del Fuego. Y el operativo contó con la participación de casi todas las fuerzas de seguridad del país: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense y las policías provinciales de cada distrito.
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