No puede haber integración de los pueblos si el Estado es quien viola las propias leyes

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

Ilegal. Irregular. Avanzando con hechos consumados violatorios de tratados internacionales. Así se maneja el Departamento de Fray Bentos en consonancia con la República Oriental del Uruguay en su vinculación con el Río Uruguay.

El miércoles pasado, las máximas autoridades uruguayas –tal como informó EL ARGENTINO en su edición del viernes 18 de agosto- inauguraron una ilegal base Naval en la cabecera Este del puente internacional “General San Martín”.

Se trata de las instalaciones de la Base Naval Capitán (Cuerpo de Prefectura) Luis Musetti, que es a todas luces ilegal, irregular, además de pisotear el Estatuto y el Digesto del Río Uruguay; violentando todas las normas vigentes.

Una vez más el Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay violentó al río Uruguay, atropellando las normativas vigentes para construir un emprendimiento en la frontera con Gualeguaychú.

Por eso nada de lo que provenga de Omar Lafluf puede ser tomado como algo serio o siquiera como algo responsable. Especialmente cuando se refiere a la integración de los pueblos. Él es un servil lacayo de grupos económicos tanto forestales como los de la pastera UPM (ex Botnia) y seguramente se sentirá orgulloso de “vender el rico patrimonio natural de los orientales”.

El Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (ex Comité Hidrovía del Rio Uruguay), también pierde de algún modo autoridad moral para proponer líneas de trabajo conjunto, porque del otro lado (del lado uruguayo) prevalece la mala fe, las acciones ilegales, la violación constante y sistemática del Estatuto del Río Uruguay y el desgarramiento que hace crujir a los Tratados Internacionales de cooperación.

Se insiste: los hechos consumados, la ilegalidad, la violación de las leyes es lo que caracterizan las decisiones gubernamentales uruguayas al relacionarse con el río Uruguay.

Del mismo modo, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) también debe replantearse qué clase de relación entabla con sus pares uruguayos, dado que es insuficiente con emitir notas reclamando información en tiempo y forma y luego “desayunarse” que las obras se hicieron de espalda y de manera violatoria con el Estatuto del Río Uruguay e incluso vulnerando los parámetros del Digesto del Río Uruguay.

Nunca es ocioso recordarles a los violadores seriales del Estatuto del Río Uruguay el Artículo 7° de ese reglamento normativo: “La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de las ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra Parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la Parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra Parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas”.

¿Qué se puede esperar en materia de integración con un Estado que viola de manera sistemática (y es reincidente) las leyes vigentes? Nada bueno.

Para males, son grandilocuentes en materia de discursos de integración; pero por el otro mantienen un nocivo silencio sobre sus acciones que repercuten en el río y en su valle de inundación.

Para construir la base y el puerto naval en la cabecera del puente internacional “General San Martín” el Uruguay tuvo que realizar un ahondamiento del río y el producido de ese dragado se desconoce; aunque se sabe que esas obras afectaron el canal de navegación. Por otro lado, construyeron una base y puerto Naval en una zona donde la navegación en todas sus formas está prohibida o restringida. Es decir, que aún para operar constituye otras violaciones a normativas vigentes.

La mala fe del gobierno de la intendencia de Río Negro como la del Ejecutivo uruguayo es evidente. Además, constituye (junto a otras actitudes similares) un cúmulo de antecedentes que podría habilitar el recurrir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia con asiento en La Haya.

Por otro lado, queda claro que toda acción de navegación que se pretende proyectar y concretar, no es otra cosa que una entrega más de la soberanía.

El ministro de Defensa del Uruguay, Javier García, dijo que la base y el puerto inaugurado garantiza el despliegue territorial, la descentralización y la presencia de la Armada en un punto estratégico. Por eso, la pastera del proyecto Orion (UPM, ex Botnia) logró ser custodiada por la Armada uruguaya, porque esa Fuerza tiene una actitud servil, domesticada, colonizada para garantizar la impunidad del molino de pulpa de celulosa.

No es casual, que el propio gobierno uruguayo también haya violado el Acuerdo de San Luis del Mercosur e impida que los directivos de UPM Botnia sean notificados por la Justicia Federal de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy en la causa por contaminación ambiental transfronteriza. Es decir, ni siquiera el Estado uruguayo brinda el elemental servicio de Justicia que debe prevalecer en toda sociedad civilizada. La barbarie en su rol cipayo los caracteriza en esas decisiones.

Lafluf como el presidente Lacalle Pou son delincuentes en cargos públicos, porque han logrado avanzar sobre el río Uruguay violentando todas las leyes y Tratados Internacionales vigentes; reiterando su conducta de mala fe que ya había sido advertida por la Corte de La Haya e incluso les advirtió que las dejara de lado. La decisión criminal de construir esa base y puerto naval, por ahora podrá gozar de la impunidad de los hechos consumados, pero pasarán a la historia como los grandes oportunistas que abortaron posibles caminos de integración con tal de favorecer la cuenta bancaria de empresas como UPM Botnia y los que están detrás de la navegabilidad del río Uruguay en estas condiciones de desgobierno, anarquía e ilegalidad que provoca el gobierno oriental.

Que nadie se haga el distraído en la cancillería argentina. El 20 de abril de 2021 la Delegación argentina ante la CARU se dirigió a la Delegación uruguaya porque se iba a construir la base naval en el puente San Martín. En esa ocasión, reclamó un aporte de mayor información; pero como es su costumbre, el gobierno uruguayo violó de nuevo y de manera sistemática todas las leyes y los tratados internacionales porque nunca contestaron. No alcanza con decir pedimos información y la negaron. Porque la base naval con su puerto está ahora en funcionamiento. No se puede admitir por la fuerza de los hechos un acto tan ilegal como criminal.

En este contexto y especialmente con este espíritu de actuación, se convierte al discurso de la integración en una enorme mentira, en un engañoso fraude, en un acto embaucador, propio de los bribones y chantajistas. Porque eso es lo que provoca Omar Lafluf y Lacalle Pou con estas decisiones que derrumban los mejores esfuerzos para una relación fraternal y de integración. Son ellos los primeros en negar la integración. Las pruebas están a la vista, dolorosamente a la vista, por más que sean aplaudidos por los gerentes de UPM Botnia y por quienes quieren hacer de la integración un fabuloso negocio para unos pocos, usufructuando las riquezas de un río que no tiene ni gobierno ni administración decente o siquiera en defensa de los pueblos ribereños.