El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesar ni sobreseer a los 10 imputados en la investigación sobre la actividad de areneras en el departamento Islas del Ibicuy.
Miércoles, 29 de Abril de 2026,
8:13
Redacción EL ARGENTINO
La resolución judicial, dictada este 27 de abril, establece que las pruebas recolectadas hasta la fecha no revisten la entidad necesaria para un procesamiento, aunque tampoco resultan categóricas para desvincular definitivamente a los implicados. La medida alcanza a exministros, autoridades actuales del gobierno provincial y referentes municipales.
Detalles de la resolución
La medida comprende a los exministros de Producción y Economía, Juan José Bahillo y Hugo Ballay; a la exsecretaria de Ambiente, Daniela García; y a las autoridades actuales: el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el director de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; y el asesor legal de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, Osvaldo Fernández. Asimismo, incluye al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, al exintendente Gustavo Roldán y a la presidenta de la firma Cristamine S.A.
En sus considerandos, el magistrado señaló la existencia de una "duda razonable" respecto de la relevancia penal de los hechos investigados. La causa se centra en presuntas irregularidades en la renovación de certificados de aptitud ambiental y supuestos daños en el arroyo El Cuartillo producto de la actividad arenera.
Pasos de la investigación
Durante la etapa de indagatorias, las y los involucrados presentaron sus descargos fundamentando sus actuaciones en la normativa vigente y la distribución de competencias administrativas. Para avanzar en el esclarecimiento, el juez dispuso requerir informes detallados al Gobierno de Entre Ríos sobre las atribuciones y responsabilidades de los organismos involucrados entre 2022 y 2024.
La investigación continuará durante el mes de mayo con nuevas declaraciones testimoniales de especialistas del área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente. El objetivo es realizar una evaluación integral de la situación procesal de los implicados una vez analizada la nueva información técnica.
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