La CARU sigue sin acertar como tutora del río Uruguay

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO ©

Fue creada el 26 de febrero de 1975 como consecuencia del Estatuto del Río Uruguay (violado por Uruguay en al menos diez veces para que funcione la ilegal Botnia), tiene su antecedente geopolítico en el Tratado de Límites del Río Uruguay del 7 de abril de 1961.

Desde lo formal, la CARU fue creada para que ambas orillas tengan un mecanismo idóneo para un “óptimo y racional aprovechamiento del río”, tal como reza el Artículo 1° del Estatuto. Sin embargo, la CARU ha sido más funcional a las grandes corporaciones que a la defensa de los intereses de las comunidades ribereñas.

Es un hecho que ambas delegaciones son incapaces de coordinar actuaciones, de sumar experiencias superadoras en la tutela del río y como corolario no han sabido plasmar la responsabilidad que su competencia implica.

De haber sido un moderno instrumento de integración, la CARU hoy es una amenaza misma para la salud ambiental y socio política de la cuenca. Y a pesar de las buenas expresiones de implementar acciones con neto corte integracionista, sus decisiones y omisiones han facilitado la depredación, que el río sea tierra de nadie, que cada intendencia haga lo que se le antoje con el recurso compartido y se ha mostrado benévola con amenazas concretas como la contaminación de la ilegal Botnia.

Superada por la realidad, la CARU no tiene una hoja de ruta de cómo realizar el control y vigilancia a la ilegal Botnia, pese a que han transcurrido seis largos años y a juzgar por sus últimos plenarios, tampoco se encuentra en su seno voluntad política para resolver la cuestión. Es cierto que la semana pasada se realizaron tres reuniones para llegar a un acuerdo definitivo sobre el control y vigilancia; pero las delegaciones no pueden encontrar un camino en común y así la CARU se presenta como un organismo impotente para administrar la salud del río Uruguay.

Con dobles discursos, incluso la Asesoría Legal de la Cancillería argentina ha carecido de cultura republicana para informar como corresponde a la comunidad de Gualeguaychú sobre lo que está aconteciendo con el mayor conflicto ambiental que tiene esa cartera, dado que el Gobierno nacional ya claudicó con su veto con los glaciales y ha dado luz verde a la depredación que generan las minas a cielo abierto. En declaraciones formuladas a EL ARGENTINO como a otros medios, la titular de la Asesoría Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, aseveró “que estaba asegurado el NO a las papeleras en el río Uruguay”. Sin embargo, nada menos que Botnia-UPM está desembarcando en la provincia de Corrientes y confirma que el Gobierno nacional tiene un doble discursos en esta materia o que se mintió en su momento.

De igual manera, la CARU –hija de este raquitismo republicano- tampoco ha sabido informar como corresponde a las comunidades afectadas, de las consecuencias de sus decisiones y sus omisiones.

Así las cosas, el río Uruguay depende por ahora de sus vecinos movilizados que en asamblea intentan proteger lo mucho o poco que queda de su salud.