La banda de supuestos estafadores podría recobrar la libertad, según adelantó su abogado

De hecho, en Gualeguaychú todos los detenidos por esta investigación ya están en condiciones de recobrar su libertad, dado que el Ministerio Público Fiscal no solicitó al vencer la última prórroga de prisión preventiva la continuidad de esa medida restrictiva.

Sin embargo, tal como lo informó en su edición de ayer EL ARGENTINO, el lunes pasado la Justicia de Concepción del Uruguay no hizo lugar a otro pedido de libertad y en consecuencia continúan detenidos, alojados en la Unidad Penal N° 2.

En Gualeguaychú hay cuatro detenidos bajo prisión preventiva (esta vez ordenada por Concepción del Uruguay). Se trata de dos personas de apellido Yancovich (uno de 20 años y el otro de 42), Castillo (36), Aristiche (23). Había una quinta persona identificada como Graciela (34), pero este martes se realizará la audiencia ante el juez de Garantías donde el abogado defensor, José Morrison, solicitará su sobreseimiento.

“Luego de tres meses de discutir la prisión preventiva dispuestas para estas personas, el propio fiscal coordinador (por Lisandro Beherán) al vencer la última prórroga no solicitó la continuidad de esa medida y en consecuencia se resolvió por sus libertades”, afirmó en diálogo con EL ARGENTINO.

“No obstante ello –reconoció- y por falta de legislación que resuelva los problemas actuales de competencia jurisdiccional como en este caso, en Concepción del Uruguay una jueza de apellido Herrero, dispuso 40 días más de prórroga, es decir, cuando aquí se habían dispuesto 20 días, por ello no han recobrado la libertad efectiva hasta que se cumpla aquel plazo”.

En relación a lo actuado hasta el presente, Morrison no quiso por el momento brindar mayores detalles de la causa, dado que piensa hacerlo una vez que esté resuelta al menos la primera parte, esto es, una vez que se expidan los jueces de sentencia locales “si es que se alcanza aquella etapa”, sostuvo.

Discriminación

El doctor Morrison también adelantó a EL ARGENTINO que está reuniendo pruebas para demostrar que en este caso ha operado una constante discriminación hacia sus defendidos, por la condición de gitanos, pero también por las condiciones en las que han soportado sus detenciones.

En ese marco, insistió que se encuentra evaluando el monto que, por indemnización por daños y perjuicios provocados a estas personas, será responsable la provincia de Entre Ríos y que hasta el momento considera se trata de una cifra varias veces millonaria; a pesar de que –según él- “en el peor de los casos fueran condenados”.

Al respecto, señaló que las fiscales que han intervenido en esta causa (por Natalia Bartolo y Martina Cedrés), “han llegado al extremo de afirmar en audiencia que la mamá (por Graciela) llevaba a la menor (la niña que se operó en el hospital Garraham por una enfermedad oncológica) al tribunal para dar lástima”. En ese marco, recordó que “la menor es paciente oncológica, su padre está sufriendo prisión preventiva y la mamá tiene medidas de coerción que la obligan a comparecer todos los días a la fiscalía para firmar un cuaderno de asistencia”.

“Obviamente la nena -de 7 años de edad- a la fecha no quiere bajo ningún aspecto separarse de su mamá, por ende tiene que llevarla con ella a todos lados”, explicó el abogado. Asimismo recordó que cuando la menor fue internada para ser intervenida quirúrgicamente, el juez de Garantías subrogante, Mario Figueroa, dispuso que su papá saliera del penal de la Jefatura de Policía todos los días una hora para acompañar a la menor. Pero esta medida no alcanzó a aplicarse porque, al reincorporarse el juez de la causa –por Guillermo Biré-, dispuso que dicho contacto fuera de una hora tres días a la semana. “Debiendo -en consecuencia- la nena, luego de la operación, tener que entrar al pabellón de la Jefatura para poder ver a su papá”.

Morrison aseveró que, en los años que lleva de ejercicio profesional no recordaba actos de discriminación de tal gravedad como los aplicados a estas personas, “violentándose todos y cada uno de los legítimos derechos acordados conforme el nuevo sistema procesal penal, la Constitución de Entre Ríos, la Constitución de la Nación, pero se han violentado las reglas de Brasilia, los Tratados Internacionales de Costa Rica, de Tokio, de Washington y de Roma, entre otros”, advirtió.

“Y todo esto bajo el argumento de que eran gitanos, nómades y errantes, que no tenían arraigo, que vivían en comunidades que los mantendrían ocultos y otros conceptos similares. Cuando en realidad, tienen domicilio fijo en Córdoba capital, poseen monotributo” y aclaró que esta discriminación no ocurrió solamente en Gualeguaychú, sino también en Concepción del Uruguay. “En Concepción del Uruguay incluso fue peor que acá”, consideró.

Con respecto a la actuación de la fiscalía, para Morrison “, no han podido probar ni demostrar siquiera que mis clientes estuvieron en Gualeguaychú”. E incluso afirmó que existe una serie de pruebas que dieron resultado favorable para sus clientes: “Rueda de reconocimiento de personas, negativo. Reconocimiento de voz, negativo. Cámaras de seguridad, negativo. Las pruebas periciales, negativo. Reconocimiento de automotores, negativo”, enumeró.

Acusaciones superpuestas

El estudio del doctor Morrison está rodeado de libros y carpetas, fotocopias, videos de todas las audiencias que se han realizado vinculados con esta causa. Pero la escena la domina un enorme pizarrón donde va siguiendo, punto por punto, nombre por nombre, fecha por fecha, todo lo vinculado con este caso.

De la lectura de esas anotaciones, Morrison concluye que hay otras irregularidades. “Existen acusaciones superpuestas” y explica: “Por hechos ocurridos el mismo día y hora en Gualeguaychú donde se acusan a determinada persona, también existe la misma acusación para el mismo día, la misma persona y la misma hora pero en Concepción del Uruguay” y concluye: “Aunque parezca mentira”.

“Todas las joyas de las que tanto se ha dicho y pregonado, les fueron devueltas a los imputados”, confirmó Morrison. “Todas las joyas fueron devueltas, excepto un anillo, porque tampoco fueron reconocidas por las víctimas”.

Por último, Morrison aseveró que está dispuesto “a refrendar públicamente, a todas las personas que han resultado víctimas de estos hechos, lo que les expresé en las audiencias y más, las víctimas no deben permitir que las fiscales se subroguen en sus derechos y no les informen que pueden recuperar su dinero definitivamente”. Y lo explica del siguiente modo: “Dado que una de las personas detenidas, de cuyo grupo dos están prófugas, personas éstas que fueron denunciadas y que nada tienen que ver con mis defendidos, han intentado alcanzar un acuerdo con las víctimas, que incluye devolver el dinero e incluso aceptar pena. Pero los fiscales, titulares de la acción pública, no quieren utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos”. A la hora de explicar esas razones, Morrison expresó que por el momento prefiere no expedirse.

Los hechos

En Gualeguaychú la fiscalía prácticamente ha concluido la investigación de al menos siete hechos de estafas, de los cuales uno es en grado de tentativa.

Todas las estafas tienen un mismo común denominador: las víctimas eran personas de edad avanzada, bajo un ardid que las convencía para cambiar billetes de cien pesos, dólares y en otros casos colocar un sello en alhajas de oro, y que generaron un perjuicio económico, siempre de manera conjunta y previamente organizada.

Tan sólo en Gualeguaychú, en el primer hecho lograron obtener un botín de seis mil pesos y un anillo de oro. En el segundo, la damnificada tenía 94 años, lograron 6.300 pesos y también la alianza de oro. En el tercero el botín fue de 3.900 pesos. En el cuarto, la víctima tenía 83 años, se alzaron con diez mil pesos y 42 mil dólares. En el quinto, el botín ascendió a 1.800 pesos. En el sexto fue de 400 dólares. Y el séptimo hecho fue en grado de tentativa, dado que la víctima pudo evitar la maniobra de la estafa. También se sospecha que esta misma banda puede estar involucrada en otra maniobra de estafa como la que se articula a través de premios virtuales (donde a las víctimas les hacen depositar determinadas sumas de dinero con la excusa de trámites). Se trata en todos los casos del “cuento del tío”, que se vale de la inocencia y confianza de la víctima, y en otras ocasiones de la ambición de sus embaucados.

El inventario (incompleto) de lo que se lleva secuestrado da cuenta de la importancia del daño económico que han generado con esta modalidad de estafa. Tan sólo en Entre Ríos se secuestró más de 112 mil pesos, otros 3.500 dólares, además de celulares, chips, vestimentas y diversas alhajas. En Córdoba capital el secuestro más importante fueron los más de 400 mil pesos que se obtuvieron del procedimiento realizado en la concesionaria de automóviles Maipú; además del secuestro de un Mercedes Benz y un Chevrolet Classic, que fueron incautados en el allanamiento del sábado 30 de abril a la medianoche en el complejo “Aires del Campo”, ubicado en el bulevar Sansoni, frente al Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay, más precisamente en las cabañas N° 15 y 16.

Ahora el trabajo de las fiscales será determinar quién o quiénes eran los “llamadores” y quién o quiénes “los cobradores”, quién o quiénes los encargados de transformar el botín en alguna inversión, preferentemente compra de vehículos; además de haberlos imputado bajo la figura de integrar una asociación ilícita y que es la primera que se realiza en la jurisdicción.

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO