Gualeguaychú se suma al reclamo nacional contra el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad

A los malabares que tienen que emprender familiares de personas con discapacidad, se suma ahora un nuevo golpe: el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso.

El panorama no difiere demasiado del que el sector viene atravesando en los últimos años, pero la situación se agrava ante la falta de perspectivas de mejora. No hay señales de nuevos acuerdos para actualizar las remuneraciones de las prestaciones profesionales conforme al ritmo inflacionario, entre otros puntos críticos.

Desde el sábado pasado ya se sabía que el presidente Javier Milei vetaría las dos leyes aprobadas por el Congreso semanas atrás. La confirmación llegó a través del Boletín Oficial y, a partir de ese momento, distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad convocaron a una jornada de protesta para este martes en plazas de todo el país, en rechazo a la medida.

Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente nacional en la temática, adelantó a EL ARGENTINO que participarán de la concentración en la Plaza Urquiza para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector.

“La idea es visibilizar la delicada situación que venimos atravesando. Sabemos que a muchos dirigentes políticos no les vamos a cambiar su manera de pensar, pero sí entendemos que la sociedad tiene que saber seriamente la realidad, por eso mañana vamos a estar en la Plaza Urquiza para ratificar el rechazo a este veto”, indicó.

Desde el sector también expresaron su apoyo a la lucha de los jubilados que se reúnen los miércoles en la Plaza San Martín, para debatir sobre la difícil situación que enfrentan. Allí también se expresó el rechazo al segundo veto presidencial a una ley que proponía un aumento en las jubilaciones.

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Al profundizar en la problemática, Recchia planteó la necesidad de abordar el tema desde la raíz: “Esto no es solo decir ‘no al veto’, sino que tenemos que militar desde las bases esta problemática. Desde las políticas públicas de los años 90, lo único que han hecho es excluir a las personas con discapacidad. Por un lado, el presidente Milei niega los derechos por convicción ideológica hacia este sector, y desde el peronismo apoyan todas estas leyes (como la que se aprobó en el Congreso), pero no las militan desde el Gobierno, no las administran haciendo una transformación como nosotros pretendemos”.

Carina Leonardi, presidenta de la asociación civil sin fines de lucro TGD Padres TEA Gualeguaychú, también dialogó con EL ARGENTINO y compartió su visión sobre el impacto del veto.

“La verdad es que lo último que se pierde es la esperanza. Si bien el presidente lo había anunciado de manera irónica y sarcástica, fue duro escuchar y leer en medios y redes el anuncio oficial del veto. A eso se suma la descalificación y los fundamentos vacíos, con frases armadas. Cuestionan el otorgamiento de certificados, pero nunca han publicado cifras reales de cuántos son en las auditorías que se han hecho.

El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad es una muestra más de cómo se desconoce un derecho básico. Porque parece que exigir prestaciones que nos corresponden por ley está mal, y pasa a ser un privilegio de quienes pueden pagar. Además, este colectivo está obligado a pagar los sueldos de quienes vetan una ley que podría resolver situaciones que obstaculizan la vida cotidiana. La discapacidad no se elige. Y tampoco podemos elegir no pagar los sueldos de quienes, momentáneamente, están en el poder. Sabemos que aprobar la ley implicaría menos del 1% del PBI”.

Sobre los pagos adeudados a los profesionales que asisten a personas con discapacidad, Leonardi fue contundente:

“Es irracional pensar que se puede sostener un sistema de apoyos sin cobrar durante 90, 180 días o más. Hay prestadores que no reciben pagos desde 2024. Familias que aún esperan los reintegros de prestaciones ya abonadas. Los apoyos en discapacidad deben ser tempranos, no tardíos. No es lo mismo hoy que el año que viene”.

Por último, convocó a la comunidad a sumarse este martes a las 11.30 en la Plaza Urquiza y reafirmó el compromiso con la lucha por los derechos:

“Nos seguiremos organizando para hacer oír la voz silenciosa de quienes no pueden hablar. Hoy, como tantas veces (y esto no es nuevo, no pasó solo en este gobierno), lo que sí es nuevo es el desparpajo, la burla y el máximo nivel de crueldad. Decimos NO al ajuste en discapacidad. ¡La emergencia en discapacidad es real, es hoy, es ahora!”

El repudio de otros colectivos

Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red Trisomía 21 (T21), también manifestaron su “profunda preocupación y enérgico rechazo” al veto presidencial. En un comunicado conjunto, señalaron:

“Esta ley había sido concebida como una respuesta urgente a la crisis estructural que enfrentan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios esenciales.

Principales medidas: Garantizar la continuidad de terapias y apoyos, mediante la actualización automática de aranceles para prestadores, hoy atrasados más del 70 %.

*Fortalecer la cobertura integral en salud, transporte y empleo, en un contexto donde miles de familias quedaron sin respuestas del Estado.

Estas medidas no son un privilegio ni un gasto innecesario: son la base para garantizar derechos humanos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país.

El veto presidencial desconoce una realidad ineludible:

*Familias enteras asumen costos económicos y emocionales que son responsabilidad del Estado.

*La emergencia en discapacidad no es simbólica, se vive y se sufre a diario en todo el país.

El veto presidencial se justifica en la necesidad de “equilibrio fiscal”, pero ningún equilibrio económico puede lograrse a costa de los derechos humanos más básicos.

Negar la emergencia profundiza la exclusión y traslada la carga de la crisis a quienes menos recursos tienen para afrontarla.