Gualeguaychú, cada vez más cerca de contar con fiscalías ambientales especializadas

En un contexto donde los incendios forestales, la deforestación ilegal, la contaminación de ríos y el tráfico de flora y fauna forman parte de una lista creciente de amenazas ambientales, la provincia de Entre Ríos podría dar un paso clave en la protección de su ecosistema.

El proyecto para la creación de fiscalías ambientales, presentado en 2024, fue abordado por primera vez en la comisión correspondiente esta semana, y promete instalar una herramienta jurídica moderna frente a la inercia del sistema actual.

“El origen de esta iniciativa surge ante la creciente demanda de protección de los derechos ambientales”, señalaron sus impulsores a EL ARGENTINO, quienes remarcaron la necesidad de fortalecer el aparato judicial y administrativo para dar respuesta a delitos ambientales cada vez más frecuentes.

Entre Ríos, por su propia geografía y riqueza natural, enfrenta desafíos particulares: desde la contaminación de suelos, ríos y aire, hasta incendios forestales intencionales, especialmente en la zona de islas, pasando por el avance irregular de la frontera agropecuaria y obras sin estudios de impacto ambiental.

El diagnóstico fue claro: hay una deuda estructural en el modo en que el Estado responde ante estas problemáticas. Las causas ambientales suelen dilatarse por años en los tribunales, y mientras tanto, los daños se agravan. “En Gualeguaychú conocemos bien los efectos que tiene la demora en procesos ambientales: casos como el de Amarras se han extendido por años, y el daño no solo es difícil de reparar, sino que empeora con el tiempo”, sostuvo la legisladora Lorena Arrozogaray a EL ARGENTINO.

Frente a ese panorama, se diseñó un proyecto que contempla la creación de dos fiscalías especializadas: una con competencia en la costa del Uruguay y otra en la del Paraná. La primera tendría su sede en Gualeguaychú y abarcaría los departamentos de Concordia, Villaguay, Federación, San Salvador, Colón, Uruguay, Islas del Ibicuy y Gualeguaychú. La segunda fiscalía estaría destinada a cubrir La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Federal, Feliciano, Tala y Paraná.

Estas fiscalías no solo se dedicarán a investigar y promover la acción penal en casos que afecten el ambiente, sino que también podrán coordinar acciones preventivas, impartir instrucciones a otros organismos para cesar o mitigar daños y, sobre todo, agilizar los procesos judiciales. La meta es lograr respuestas más rápidas y eficaces, acordes con la urgencia que exigen los delitos ambientales.

Cada fiscalía estará encabezada por un fiscal ambiental y contará con un cuerpo técnico de investigación científica. Este equipo estará integrado por profesionales con formación universitaria en disciplinas vinculadas al ambiente y al menos cinco años de experiencia en la materia. Su tarea será fundamental para aportar análisis, informes y pruebas que permitan avanzar en las causas con mayor celeridad.

Durante la reunión de comisión, los legisladores contaron con una presencia destacada: la de Gerardo Cabral, el primer fiscal ambiental de la Argentina, quien actualmente se desempeña en la provincia de Corrientes. Cabral compartió su experiencia al frente de una fiscalía especializada, aportando un valioso testimonio sobre el impacto que puede tener esta herramienta cuando se la implementa con decisión política y respaldo técnico.

Hoy son al menos cuatro las provincias argentinas que ya han dado el paso de institucionalizar fiscalías ambientales, con resultados que invitan a imitar la experiencia. La propuesta entrerriana apunta en ese mismo sentido, con el objetivo de que el sistema judicial esté a la altura de un contexto ambiental cada vez más complejo.

“Contar con fiscalías como estas puede marcar una diferencia enorme en los tiempos de respuesta. El ambiente no puede esperar”, sintetizó una de las voces promotoras del proyecto.

Con la apertura del debate en comisión, la creación de fiscalías ambientales en Entre Ríos comienza a tomar forma concreta. Resta ahora que avance en el tratamiento legislativo para que la provincia sume una herramienta clave en la defensa de sus recursos naturales.