El Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú será trasladado a la Granja Penal N°9

Hace algunas semanas, EL ARGENTINO publicó un informe titulado “Recorte en la Justicia entrerriana: faltan juzgados, fiscales y los sueldos son ‘los más bajos en diez años’”, en el que se describía la crítica situación que atraviesa el Poder Judicial.

En esa publicación se expuso las consecuencias del recorte presupuestario: paralización de prácticamente todas las obras en inmuebles del Poder Judicial, se trate de adecuaciones, ampliaciones, salas de audiencias, equipamiento para la oralización de los procesos en todos los fueros o de los edificios centrales que han quedado como esqueletos de hormigón en Gualeguaychú y en Paraná.

En particular, sobre el nuevo juzgado de Gualeguaychú, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Leonardo Portela, había explicado que la obra se proyectó en tres etapas: “la primera etapa ya está finalizada; la segunda está en proceso y tiene que ver con un estudio de factibilidad respecto a las cargas internas del edificio, el revestimiento, etcétera. Ese estudio se está haciendo ahora -fue presupuestado en 216 millones de pesos-, y está a cargo del estudio que ganó la licitación. Una vez que tengamos eso vamos a poder encarar la tercera etapa, que, a números del año pasado, eran cerca de $14.000 millones”.

Pero, mientras esa obra no esté concluida, lo que resolverá por completo el problema, la falta de espacios propios sigue siendo un problema con el cual debe lidiar la Justicia entrerriana. Al respecto, ahora Portela expresó: “Nosotros tenemos un gran problema en el tema edilicio, a raíz de que no tenemos presupuestos para hacer obras. Son 100 los inmuebles en la provincia y necesitan permanentemente mantenimiento, y del total, 40 son propios y el resto son alquilados”.

Agmer define en las próximas semanas si ocupará la vacante de Vocal en OSER

“No tenemos plata para hacer obras y tampoco tenemos plata para pagar los alquileres, por eso estamos evaluando la posibilidad de achicar alquileres juntando juzgados. Por ejemplo: en Gualeguaychú, los juzgados de familia están alquilando, algunos juzgados laborales también, entonces se podría juntar juez y secretario o jueza y secretaria de ambos juzgados en un solo inmueble, y el personal administrativo podría hacer trabajo remoto”, indicó. “Es una posibilidad que estamos viendo con los gremios y con la gente de informática, porque hay que tener muy en cuenta las medidas de seguridad”, agregó.

Respecto a la fata de fondos, como lo ha hecho en otras oportunidades, el funcionario explicó: “para el 2025, teníamos presupuestados 1.500 millones de pesos por mes; de los cuales la legislatura nos aprobó 1.100 y de eso nos están dando 490. De esos 490 millones de pesos, alrededor de 150 millones se van en alquileres”.

Un juzgado en la UP N°9

“El Juzgado de Ejecución de Penas tiene la función de estar permanentemente en contacto con los juzgados penales y con la unidad penal, son los que asisten y llevan el control de todos los cumplimientos de sentencias del fuero penal. Generalmente, quienes asisten a un Juzgado de Ejecución de Penas son los reclusos, que están en la Unidad Penal Nº 9. Entonces, lo que estamos intentando hacer es llevar el juzgado ahí, en vez de estar pagando un alquiler de 3 millones de pesos”, explicó Portela.

“Nos dieron un pedazo de tierra, hicimos un proyecto y está tramitando lo que es la factibilidad. Lo que sí tenemos muy presente es un planteo de los empleados del juzgado a los que no les resulta conveniente trasladarse, porque ellos no solamente atienden a los penados de la Unidad Penal Nº 9, también a los de las otras unidades penales”.

En la provincia son tres los juzgados de ejecución de pena, uno en Paraná, otro en Concordia y el de Gualeguaychú. “Entre esos tres juzgados de ejecución de pena se dividen todas las unidades penales. Entonces, como los de Gualeguaychú atienden a varias unidades penales, hay empleados que no va a hacer falta moverlos a la UP N°9, pero sí pueden ir, por ejemplo, a Tribunales o a algún inmueble que ya esté alquilado para otro juzgado”, aclaró el presidente del STJER.