El Foro Ambiental adhiere al pedido para que se cumpla el fallo en el caso “Amarras”

El Foro Ambiental de Gualeguaychú se reunió especialmente para debatir la cuestión suscitada por el conflicto ambiental y social que provocó el desarrollo del ilegal barrio fluvial Amarras, y la queja de muchas entidades por el incumplimiento de las sentencias judiciales.

Al cabo del encuentro, se decidió adherir al reclamo formulado el viernes pasado por más de dos docenas de instituciones, así como muchos vecinos interesados en el tema.

El Foro Ambiental de Gualeguaychú es una entidad de referencia provincial en el tema. Su adhesión entusiasmó a los que impulsan la causa.

Leissa: “Amarras sigue haciendo un daño enorme”

Por su parte, el abogado Luis Leissa explicó la situación judicial de Amarras y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó su paralización.

En declaraciones realizadas al programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza de Paraná), Leissa explicó que representa al amparista Julio Majul “quien promovió la acción inicial a partir de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio vuelta un fallo del Superior Tribunal entrerriano y sabiamente ordenó verificar que había un daño ambiental y en consecuencia procurar que el Superior Tribunal acomodara ese fallo. Ante esto, el Superior Tribunal resolvió hace cuatro años que, claramente, el emprendimiento era ilegal y que había que volver las cosas a su estado anterior”.

Recordó que “cuando se verifica una infracción a las normas ambientales en una sentencia ambiental lo que se trata es recomponer y en esa tarea de recomposición aún estamos, y esto preocupa porque se alarga demasiado”.

“La empresa tiene que, decididamente, frenar un emprendimiento inmobiliario que no cuenta con sentencia a favor ni tampoco un estudio impacto ambiental previo que habilite el emprendimiento, y que lamentablemente cuenta no sólo con la complacencia del Municipio de Pueblo General Belgrano sino también con un sostenimiento del fiscal de Estado de la provincia (Julio Rodríguez Signes), que lejos de defender el patrimonio provincial parece oponerse a lo que el mandato judicial estableció y a lo que sostiene la propia Municipalidad de Gualeguaychú”, lamentó.

Respecto de la postura de la Fiscalía de Estado, Leissa indicó que “cuando se dictó la sentencia, que en definitiva lo que hizo fue restablecer un fallo de primera instancia del juez Leonardo Portela, se dispuso que había que recomponer, lo que significa volver las cosas a su estado anterior, en la medida de lo posible. Pero, llamativamente ahora aparece Fiscalía de Estado sosteniendo lo que es una resolución, en un expediente administrativo que proviene de la Secretaría de Ambiente, y junto con la empresa Altos de Unzué SA que es la responsable del emprendimiento náutico, quieren hacer valer un llamado pomposamente plan de recomposición que no es tal y que pretende usarse con pequeñas modificaciones que se introducen pero que no solucionan el problema de fondo”.

“Acá lo que la Corte estableció y el Superior Tribunal ratificó es que el emprendimiento barrial estaba sobre un humedal, que tiene protección constitucional, que estaba afectado el valle de inundación y que lo que había que hacer era recomponer. Ahora Fiscalía de Estado insiste en pretender hacer valer un expediente que se llama proyecto de recomposición –cuando debería llamarse proyecto de desmantelamiento y de vuelta de las cosas a su estado anterior- donde la propia área de Hidráulica y el área de Biología determinaron en sus dictámenes que esto no significa de ninguna manera una aptitud ambiental o un permiso ambiental que permitan la continuidad de la obra”, explicitó a manera de reproche.

“Esto obviamente significa contradecir el fallo y la voluntad del amparista Majul que ha tenido reconocimiento de la Justicia y sobre todo significa violar el derecho colectivo de muchas personas que quieren proteger el ambiente como indican la Constitución nacional y la Constitución de Entre Ríos”, agregó.

Comentó también que “en el barrio se han hecho tareas de recomposición, afortunadamente la justicia dictó dos medidas cautelares importantes: en una sostuvo que no había que innovar y no había que realizar trabajos que no fueran en consonancia con ese mandato judicial de recomposición, y otra más reciente porque Amarras no solo sigue haciendo un daño enorme, sino que ahora ha desviado un cauce del río, que es una operación absolutamente ilegal y viola el Código Civil y Comercial, para satisfacer los intereses de una laguna de interior porque insiste con un emprendimiento náutico. Esas dos resoluciones que ya son efectivas y que han suspendido las obras, ahora han sido recurridas por la propia empresa, pero lo que es más grave, también por la Fiscalía de Estado, que debe defender los intereses de la provincia, el patrimonio del Estado y parece que el patrimonio ambiental no tiene nada que ver con la tarea de la Fiscalía, y estamos realmente sorprendidos”.

“Frente a esto va a tener que resolver el Superior Tribunal, ayer pedimos que nos corran traslado de las presentaciones y pedimos una audiencia pública para que este tema se resuelva con la mayor amplitud posible y con una participación ciudadana que se ha obviado, se ha prescindido, y queremos que se refleje. Hay que sostener el fallo porque habla inclusive de violaciones al principio pro agua, al principio pro natura ya demás la Corte claramente definió que acá estaban en juego derechos humanos, en un concepto muy novedoso, moderno y muy valioso de lo que significa la afectación al ambiente”, concluyó.

Cuatro días

Otra sentencia que se debe cumplir es la restauración del cauce del río Gualeguaychú que se ha desviado en una acción tan agresiva como destructiva, para los cuales se utilizaron retroexcavadoras.

En rigor, faltan cuatro días para que se cumpla la sentencia del juez Ricardo Mudrovici a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú, quien ordenó en la noche del jueves 10 de agosto que la empresa Altos de Unzué en un plazo máximo de cinco días “ejecute las obras que sean necesarias a fin de restablecer el cauce del río Gualeguaychú a su estado anterior, cerrando cualquier canal que se hubiere abierto y reponiendo la tierra y el suelo que se hubiere extraído”.

Esta decisión de la Justicia también involucra a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y a la Provincia de Entre Ríos, quienes deben restablecer el cauce del río Gualeguaychú que se desvío para llenar la laguna artificial del ilegal barrio fluvial Amarras.

Apropiarse de un río como el de Gualeguaychú –o cualquier otro- es un acto ilegal, contrario a las leyes y ningún organismo del Estado puede estar avalando semejante atropello a las normas establecidas.

Además, se trata que una empresa privada se está apropiando de un buen que es un recurso Provincial.