A un año de las denuncias de “estafa” del Municipio, apenas un puñado de loteos buscan ponerse en regla

En los últimos años Gualeguaychú experimentó una notable multiplicación de loteos privados en zonas de chacras y quintas. El rol del Estado municipal, como mínimo, ha sido deficiente en esta materia. A fines de octubre del año pasado, el Municipio salió a sentar posición al respecto: habló de estafadores y estafados.

"Muchos vecinos han adquirido terrenos de buena fe y han sido estafados", expresó la arquitecta Camila González, por entonces subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda de la Municipalidad, sobre una realidad que no es nueva para las autoridades, mucho menos para las decenas de familias que compraron o todavía están pagando lotes que, pese a las promesas de los vendedores, probablemente nunca sean aprobados y, consecuentemente, no contarán con los servicios básicos por parte del Estado.

La situación expuesta fue alarmante: de los 90 loteos relevados por el Ejecutivo, cerca de 60 no tenían un sólo documento presentado en la Municipalidad. A muchos, por sus condiciones, nunca le llegarán los servicios (luz, agua, cloaca), aunque la promesa para quien compra siempre es otra.

“Es crítica la situación. Hay loteos que están muy alejados, cerca de la ruta 14, por ejemplo. Primero, es extremadamente costoso llevar los servicios hasta ahí y, segundo, no sabemos si en algún momento el Municipio se va a poder hacerse cargo de eso”, expuso González. Y dejó en evidencia la complicidad de corredores inmobiliarios, escribanos, agrimensores, arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. Casualidad o no, González ya no es más subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda del Municipio, ese lugar ahora lo ocupa el arquitecto Ariel Destéfano.

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EL ARGENTINO consultó a Destéfano para esta nota. “Estamos trabajando en algunas cuestiones para regular muchos grises que existen respecto a este tema”, informó el funcionario, aunque aclaró que no sabe si a futuro esas reglamentaciones tendrán forma de resolución u ordenanza.

“Ha habido algunas cooperativas y desarrolladores puntuales que se están acercando y con quienes estamos trabajando, pero es uno a uno. Hay dos loteos privados que están bastante avanzados y una cooperativa que está tratando de acomodar todo”, informó el arquitecto, en referencia al loteo “Sack” de la cooperativa Unidos por una Vivienda.

Entre todos los servicios que demanda la aprobación de un loteo, la cloaca es “el gran divisor”, explicó el funcionario. Y lo es porque es el más caro y por la infraestructura que demanda. En este sentido, Destéfano contó que suele aparecer como alternativa la construcción de estaciones de bombeo, por ejemplo, pero “puede ser muy cara esa alternativa” y, a su vez, se genera un cuello de botella, ya que muchas veces las cañerías existentes no están preparadas. “Quizá, para habilitar 20 lotes en cierta zona hay que hacer una obra mega millonaria. Lo que la hace no factible”, ejemplificó.

En este contexto, en algunos loteos se instalaron biodigestores. Como sucede en los 60 lotes de 25x50 metros, con el cual el Municipio trabaja bajo el paraguas del “convenio urbano”, contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). “Es un acuerdo, mediante el cual el Municipio puede ceder en ciertas condiciones, como las medidas del lote, por ejemplo, a cambio de obras de infraestructura (calles, alumbrado público, etcétera), no solo en ese loteo, afuera también”.

“Están todos cubiertos”

Si bien existen las estafas y, de hecho, fueron denunciadas por la propia Municipalidad un año atrás, legalmente es difícil demostrarlas. Una fuente que sabe del tema, explicó a EL ARGENTINO: “el que vende dice que le aclaró al comprador y que en el boleto de compra-venta, en la letra chica, dice que están vendiendo en condominio o que es un fideicomiso, entonces el comprador no tiene un lote, tiene una parte indivisa de una chacra, pero legalmente no hay estafa ahí”. Por otro lado, “aunque el agrimensor sepa que no está habilitado ese lote, te dice que a él sólo le pidieron un proyecto, que no tiene nada que ver”, igual que el escribano: “yo sólo certifiqué las firmas, no el contenido del contrato, suelen argumentar, están todos cubiertos”.

“Entonces, que vayan a un escribano no significa que lo que te estén vendiendo esté habilitado o vaya a estarlo”, expuso la misma fuente desde Irigoyen 75.

Por otro lado, uno de los tantos vecinos damnificados de Gualeguaychú indicó: “vos estás comprando una décima octava parte de la chacra y tiene un croquis del loteo, eso lo filmamos mediante escribano, que te dice que cuando prueben el loteo se va a poder subdividir, teóricamente”. Pero “eso no está aprobado, nosotros, después de todo esto, aprendimos que primero tienen que ir al Municipio, presentar el loteo para que lo pre-aprueben, para después si hacer el alumbrado, la apertura de calles y todo lo que te pide el Municipio. Una vez que se rindan todas esas condiciones recién ahí se aprueba. Pero la gente que nos vendió el terreno no hizo nada, no hizo ni una pre aprobación, nos vendió un lote con la promesa de que cuando se apruebe se va a subdividir”.

“Bajo la figura de condominio compramos una chacra entre 17 personas, que se dividen la chacra en partes iguales”, expuso una damnificada que compró su lote hace tres años. Y continuó: “pero acá no está la ilegalidad, la ilegalidad está en que los terrenos vendidos están fuera del ejido urbano y el Municipio no va a agrandar el ejido urbano”.

“Pero los vendedores (que son contadores muy conocidos en Gualeguaychú) no fueron al Municipio a consultar: ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No, no hicieron eso, vendieron el loteo y después que se arregle la gente para habilitarlo, eso hicieron”, cuestionó, notablemente disgustada.

“No es ilegal hacer un condominio y vender bajo esa estructura, el problema es que esta gente nos estafó a nosotros y sigue vendiendo terrenos fuera del ejido urbano, que no tienen habilitación municipal y tampoco van a tenerla nunca”, sentenció.

El rol del Colegio de Agrimensores

Desde Irigoyen 75 apuntan a la responsabilidad de una cadena de profesionales en este asunto. José Francisco Schanton, presiente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos, explicó a EL ARGENTINO: “El profesional está para brindar un asesoramiento y llevar a cabo sus tareas cumpliendo con la normativa vigente”.

“El colegio trata de que el profesional haga de la mejor manera su labor dentro del ámbito legal y acorde a la a las reglamentaciones vigentes. En caso de que algún profesional incurra en una falta, sea por desconocimiento, por falta de estudio o por alguna situación fuera de lugar, inmediatamente el colegio tiene todas las herramientas para recibir aquella denuncia pertinente y actuar en función”, indicó. Y aseguró que “en el colegio están todas las herramientas facilitadas para que uno presente las pruebas, las denuncias, los reclamos y exponga todo lo que sea necesario, en virtud de que el comité de ética y disciplina tome cartas en el asunto”.

Por otro lado, respecto a la legislación vigente, agregó: “En la provincia o en cualquier lugar del país, porque yo me manejo mucho a través de la Federación Argentina de Agrimensores, estamos en contacto, en todos lados hay zonas grises, ¿A qué me refiero? A que hay normativas que no son claras, que no están bien redactadas, hay normativas que son muy leoninas y, a su vez, hay situaciones muy particulares. Hay profesionales que actúan de diferente manera o ven las cosas de diferente manera. Entonces, no puedo dar una opinión de alguna situación particular, como la que pueda pasar en Gualeguaychú”, aclaró Schanton.

“Es muy probable que por ahí algún profesional cometa algún tipo de situación irregular en su labor profesional diaria. Y, entonces, ya te digo, es fundamental que el colegio reciba esa esa esa denuncia y tome cartas en el asunto para ver si ese profesional ha incurrido en alguna falta”, insistió el titular del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos.