

Redacción EL ARGENTINO
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
Lamentablemente, la Dirección de Patronato de Liberados de Entre Ríos no funciona como corresponde, no satisface las expectativas generadas cuando se puso en funcionamiento a su responsable en diciembre de 2019 y para males, tampoco siquiera cumple con sus promesas expresadas a viva voz en el territorio, al menos Gualeguaychú es testigo de esa situación-
En Entre Ríos, la ley Provincial 10.643 establece, en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, en la órbita de la Secretaría de Justicia, la creación de la Dirección General del Patronato de Liberados.
Entre otros cometidos, se estableció que debe “interviene en la supervisión de toda persona que por disposición judicial deba estar sometida a su control, sea que se trate de: a) Libertad Condicional; b) Libertad Asistida. Igualmente serán sujetos tutelados aquellas personas que sean sometidas a jurisdicción de los organismos creados por las autoridades competentes –Art. 7, Ley 10.643”.
Como objetivo general, institucionalmente se reconoce que debe “contribuir a garantizar y mejorar las oportunidades de inclusión social de las personas tuteladas, procurando su adecuada reintegración social como sujeto de derechos y obligaciones, promoviendo la comprensión y el apoyo del Estado, sus instituciones y la sociedad en su conjunto”.
Luego, establece como objetivos específicos, los siguientes:
* Favorecer la reintegración social, familiar, educativa y laboral de todas las personas tuteladas.
* Controlar el cumplimiento de las normas de conductas impuestas a las personas tuteladas.
* Abordar preventivamente los factores que contribuyen a la reincidencia.
* Potenciar y optimizar la interacción y coordinación de la DGPL con todos los órganos y estamentos del Poder Judicial, tanto de la Justicia Ordinaria Provincial como Federal en el fuero penal
* Promover, informar y asesorar en materia de su competencia al Poder Ejecutivo u otros organismos públicos o privados de jurisdicción provincial o nacional, contribuyendo al estudio de las reformas de la legislación específica.
* Fortalecer las redes institucionales relacionadas con la reintegración social
* Fomentar y construir espacios de elaboración de políticas conjuntas intra e interministeriales
* Generar y fomentar la creación de espacios de concientización, debate y formación acerca de la problemática social abordada por esta Dirección
* Realizar tareas de investigación y llevar estadísticas sobre la ejecución de la pena en libertad.
Pero, al menos en la jurisdicción como en gran parte de la provincia, eso es pura teoría porque poco y nada se aplica.
Un área fantasma
Quien visite la página oficial del área de Patronato de Liberados de Entre Ríos –a diferencia de todas las páginas oficiales de la Provincia- no aparece el nombre de su responsable.
El director es José Morales y asumió en diciembre de 2019, luego de atravesar una instancia concursal.
Morales es licenciado en psicología, tesista de la maestría en Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), además de ser docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y prestó funciones en el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia como parte del equipo profesional del centro socioeducativo de régimen cerrado de la costa del Paraná, desde el 2009. Es decir, claramente se trata de un profesional con acreditaciones y experiencias más que satisfactorias. Por eso no se comprende la inacción del área de Patronatos de Liberados, que fue creado para acompañar a quienes se esfuerzan para reinsertarse en la sociedad.
Si bien el Servicio Penitenciario provincial tiene una definida política vinculada al tratamiento respetuoso de sus internos, y que el Estado Provincial asume todos los costos que implica que una persona deba cumplir con la pena impuesta por la Justicia y que ese tiempo sea –a su vez- provechoso para la comunidad; está claro que el aporte que un área como el de Patronato de Liberados es clave para la reinserción social. Si esa área no funciona como corresponde, las posibilidades para ese cometido quedan disueltas en el cajón de las buenas intenciones.
La inacción del Patronato de Liberados en la provincia habla a las claras del profundo divorcio entre el Ministerio de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, y todas las carteras del Estado que deberían operar en la materia. Son compartimentos estancos y lesionan toda posibilidad de coordinar y sumar esfuerzos en defensa del interés general.
Este divorcio refleja a las claras que la inacción de la Dirección de Patronatos de Liberados atenta contra toda planificación en la resocialización de los penados que están tutelados en el Servicio Penitenciario. Hay que decirlo claramente: esta pasividad, por más que haya un director nombrado, es un real obstáculo para desarrollar planes y programas que permitan un real tratamiento y asistencia a las personas que recobran su libertad. No hay tutela efectiva y esto en parte explica –no lo justifica- también la reincidencia en el delito. Pero, parece que (la reincidencia en el delito) no es una preocupación de las autoridades más allá de alguna que otra expresión mediatizada.
De hecho, se supone que una tutela responsable colabora con la paz social, a la vez que permite disminuir la criminalidad y -como ya se apuntó- reducir la reincidencia.
En la página oficial de la Dirección de Patronato de Liberados la última actividad oficial registrada es del 10 de junio del año pasado.
Se trata de una noticia vinculada con la “inserción laboral” y que da cuenta de “Armar Colectivo” que es un “programa destinado a mujeres que están atravesando procesos de privación de libertad ambulatoria en carácter de prisión domiciliaria; mujeres con libertad condicional y asistida y mujeres prontas a egresar de las Unidades Penales con el único requisito de presentar interés en emprender”, reza en el portal.
La segunda actividad registrada como más reciente está fechada el 22 de abril de 2022. Y da cuenta de la presentación de la documentación ante el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades (IPCyMER) para la matrícula de Cooperativa de Trabajo de liberados y liberadas de Paraná cuyo objeto social es la gastronomía. “Con el nombre de Nuestro Pan, la Dirección General del Patronato de Liberados viene acompañando junto a IPCyMER el proceso de conformación de dicho emprendimiento”, se indica.
Es muy probable que, así como se ignora la clase de contención profesional, familiar y comunitaria que se está promoviendo; tampoco el Patronato de Liberados cuenta con la adecuada infraestructura profesional y de recursos materiales para cumplir con los objetivos por los cuales ha sido creado.
El otro aspecto que merece también una crítica, es que en la jurisdicción de Gualeguaychú el Patronato de Liberados además de no funcionar como corresponde, muchos de los operadores de la Justicia y del Servicio Penitenciario y otros vinculados con la temática, desconocen olímpicamente su existencia y de existir lo que hace. Esto no es otra cosa que una absoluta desarticulación.
Promesa incumplida
El jueves 12 de noviembre de 2020 –hace casi 28 meses- José Morales visitó Gualeguaychú y se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana donde anunció que se iba a radicar una delegación en la ciudad.
Morales fue recibido esa mañana del 12 de noviembre por la viceintendenta Lorena Arrozogaray, quien estuvo acompañada por varios miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana y representantes de otras instituciones y en ese marco Morales, prometió abrir una delegación en la ciudad.
Durante el encuentro “José Morales expuso sobre el trabajo llevado a cabo por el Patronato y sus objetivos para el corto y mediano plazo, en tanto las instituciones locales plantearon la problemática actual en la ciudad y el trabajo llevado adelante por el Hogar de Cristo y Acceso a la Justicia en lo referente al acompañamiento necesario a quienes salen de las unidades penales para una readaptación social generándose una oportunidad para coordinación y la colaboración mutua”, rindió cuenta en su oportunidad la viceintendenta Arrozogaray.
“La radicación en la ciudad de una delegación del Patronato de Liberados busca contribuir a garantizar y mejorar las oportunidades a las personas tutelas procurando su adecuada integración social como sujetos de derechos y obligaciones, promoviendo la comprensión y el apoyo del Estado, sus instituciones y la sociedad en su conjunto”, se informó en aquella oportunidad.
Una promesa incumplida, incluso se ignora las gestiones al respecto y ubica a la Dirección de Patronato de Liberados sin dirección, sin rumbo, sin horizontes y en una inacción que ofende el esfuerzo ciudadano para que el Estado cumpla con sus mínimas obligaciones.
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