En una sesión marcada por el consenso, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un protocolo de actuación para prevenir e intervenir en casos de violencia laboral y violencia laboral por motivos de género. La medida apunta a construir ámbitos laborales sanos, respetuosos y seguros.

Procedimientos claros para espacios libres de violencia

La iniciativa constituye un paso significativo en la construcción de espacios de trabajo seguros y respetuosos.

El protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje ante casos de acoso, maltrato o violencia en el ámbito legislativo. Regirá para todas las personas vinculadas a la Cámara, sin importar la modalidad de contratación, cargo, función o antigüedad, incluyendo empleados públicos, locaciones de obra o de servicio y otras formas de prestación.

El documento define conceptos clave como violencia laboral, violencia laboral con motivo de género y violencia digital laboral. Entre las medidas de protección, contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o horario de trabajo para resguardar su integridad. Además, establece que las actuaciones serán confidenciales y se regirán por principios de no revictimización y reserva de identidad del denunciante. También dispone la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la materia para todo el personal y autoridades jerárquicas.

El área de Personal será la autoridad de aplicación, a través de un equipo interdisciplinario encargado de brindar asistencia de primera escucha y orientación. La diputada Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos), presidenta de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, destacó que el proyecto es fruto de “un trabajo colectivo de la Comisión que propuso este instrumento con procedimientos claros y concretos”. Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) subrayó la importancia de contar con “un marco desde el que construir un camino para erradicar la violencia por razones de género” y resaltó la necesidad de “espacios de trabajo y relaciones laborales sanas, respetuosas y seguras”.

La aprobación se produce semanas después de la denuncia de la titular de la Federación Universitaria de Entre Ríos contra el diputado socialista Juan Manuel Rossi y dos años después del inicio del proceso por violencia institucional que involucró a la diputada María Laura Stratta y al presidente de la Cámara, Gustavo Hein. En este contexto, el protocolo representa una respuesta institucional concreta.