La iniciativa fue presentada por lo senadores de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, y del Frente Cívico Luis Juiz y Norma Morandini, compañera de fórmula de Binner. Al respecto, Estenssoro señaló que “es imprescindible que exista un debate público abierto como requisito previo para cualquier elección de un representante” para que la participación de los candidatos “no sea meramente testimonial sino efectiva y plena de contenido”.

Estenssoro evaluó que “cada debate público contribuye -de forma significativa y concreta- al desarrollo democrático” porque “todos los participantes ofrecen las propuestas alternativas que consideran más adecuadas”.

“En el debate, todos los participantes nos ofrecen las propuestas alternativas que consideran más adecuadas y nos dan la facultad de valorar esas propuestas para, finalmente, darles o no nuestro respaldo a través del sufragio”, señaló.

Además, la senadora sostuvo que “el derecho a la información sobre planes, plataformas y argumentaciones políticas es fundamental para el elector y el debate democrático descansa sobre su criterio alimentado por la presencia, en el espacio público, de esta información”.

A través de un comunicado, Estenssoro indicó que con la presentación del proyecto de Debate Público Obligatorio intentan “coadyuvar a dar un marco que aspire a regular -bajo el control de la Cámara Nacional Electoral- los debates públicos previos a cada contienda electoral”.

El objetivo, según precisó, es “garantizar una competencia equitativa entre los candidatos que sirva para dar a conocer sus propuestas y los temas que les interesan como ciudadanos, al tiempo que haga posible, entre otras cuestiones, un cabal ejercicio del derecho al voto”

El proyecto le otorga a la Cámara la función de “establecer el lugar y el horario para la celebración del debate entre candidatos a presidente y quienes encabecen las listas para cargos legislativos, por cada categoría”. También deberá “determinar la metodología para la realización de los debates; acordar la agenda de temas a debatir; solicitar el apoyo de las autoridades estatales para la realización de los debates” y “garantizar la difusión masiva de los debates a través de todos los medios de comunicación habilitados para tal fin”.