La discusión sobre los alcances de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) vuelve a instalarse en la agenda política nacional. En esta ocasión, el foco está puesto en la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU que otorga facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, cuestionada por juristas, organizaciones sociales y sindicatos, abre un debate profundo sobre la división de poderes, las garantías constitucionales y el impacto que puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Fabián Peccín, prosecretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), analizó los alcances del decreto y sus implicancias. Sus declaraciones ponen en evidencia la preocupación de los sindicatos docentes y de la sociedad civil frente a un escenario que, según advierten, habilita la persecución y la detención arbitraria.

Fundamentos constitucionales vulnerados

Consultado sobre los fundamentos constitucionales que se ven afectados por este DNU, Peccín fue categórico: “En primer lugar, no se dan los extremos que marca la Ley para firmar un decreto de necesidad y urgencia; es decir, no hay una argumentación de peso respecto de la necesidad inminente que justificaría tal medida. En este caso, lo que se está haciendo es violar la división de poderes. Esto está contemplado en la Constitución Nacional, artículos 18 y 19”.

El dirigente explicó que el decreto vulnera estos artículos al otorgar a los agentes de la SIDE facultades para detener a personas sin orden judicial. “Se está violando el debido proceso y corriendo las funciones de las fuerzas de seguridad, otorgando esas facultades por encima de las mismas. Éstas serían las que tendrían que hacer esa detención por medio de una orden judicial cuando una persona se encuentra en flagrancia. Sin estos resguardos constitucionales pueden detener a las personas que ellos señalen, que les ‘molesten’ para el logro de sus objetivos”, comentó a EL ARGENTINO.

División de poderes en jaque

La ampliación de facultades a la SIDE, según Peccín, implica un desconocimiento de la división de poderes. “Con las facultades ampliadas que el decreto otorga a la SIDE no se respeta la división de poderes ni las facultades de los mismos expresadas en la Constitución Nacional”, dijo.

El referente de Ctera recordó que en un ámbito democrático las cuestiones de inteligencia deben discutirse en comisiones parlamentarias. “No se puede obviar el debate en el Congreso, órgano democrático por excelencia, cuando se trata de discutir temas de inteligencia, o sea cuestiones de seguridad para el país. La función de la SIDE es brindar información al gobierno, con esa información se instrumentan los procedimientos establecidos en la Constitución que regula y dictamina las formas para la detención de las personas. Este decreto vulnera estos procedimientos”, señaló.

Para Peccín, la medida se interpreta como “una acción de persecución y amedrentamiento, violando las garantías constitucionales, las garantías individuales de todas aquellas personas que se expresen en contra de las políticas llevadas adelante por el gobierno o denuncien la violación de normativa, o la entrega de recursos naturales y todas aquellas acciones que el gobierno crea que ponen en riesgo las políticas que están aplicando”.

El entrevistado también vinculó la medida con el actual modelo económico y social. “En un contexto de crisis, ajuste y creciente conflictividad, otorgar facultades discrecionales a la inteligencia estatal es un mensaje de disciplinamiento. Se busca instalar el miedo y limitar la protesta social”, reflexionó en diálogo con EL ARGENTINO.

Impacto para sindicatos y ciudadanos

Respecto del impacto en la relación entre el Gobierno y los sindicatos docentes, Peccín advirtió que la amenaza es general: “No solamente el impacto es del gobierno con los sindicatos docentes sino con todos los sindicatos, lo que significa una amenaza latente para todas las actividades o propuestas que llevamos adelante”.

La preocupación sindical se centra en que la inteligencia estatal pueda utilizar estas facultades para intervenir en la organización gremial, restringiendo la libertad sindical y el derecho a la protesta.

El entrevistado fue claro al enumerar los riesgos concretos que enfrentan los ciudadanos: “Los riesgos son la detención arbitraria de cualquier persona que hoy tiene garantías constitucionales y que ya no las tendría con este decreto. Detención, persecución o investigación que se daría sin un argumento amparado en la ley en términos de lo que se debe resguardar en nuestro país en cuanto a los derechos de todos y todas”.

Peccín agregó que esto afectaría directamente la vida cotidiana: “La vida que uno desarrolla en un ámbito social, sindical o político se vería restringida por este tipo de instrumentos que le da absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para ejecutar en beneficio de sus intereses”.

En este punto, recordó el alcance de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional: El artículo 18 prohíbe la prisión sin juicio previo, la condena por leyes anteriores al hecho (principio de legalidad) y asegura el debido proceso. El artículo 19 declara que las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden, la moral pública o perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados (principio de autonomía de la voluntad), limitando el poder estatal a lo que es público y perjudicial.

Repudio de CTERA al DNU

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la postura es contundente. “Repudiamos enérgicamente el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. ¡Decimos que esta medida no tiene ni necesidad ni urgencia! ¡Es inconstitucional!”, expresó Peccín como prosecretario gremial de la entidad.

“Otorgar facultades ilimitadas al Gobierno Nacional es avanzar sobre los derechos y garantías democráticas. Es un grave retroceso democrático y un avance peligroso sobre las libertades individuales que habilita a la inteligencia estatal a actuar sin el control efectivo del Congreso de la Nación. Por todo lo expuesto, exigimos su inmediata derogación por antidemocrático”, concluyó en diálogo con EL ARGENTINO.

En tiempos de crisis económica y social, la ampliación de facultades a la inteligencia estatal no aparece como una respuesta a las necesidades urgentes de la población, sino como un mecanismo de control y disciplinamiento. La voz de CTERA y de referentes como Fabián Peccín refleja la alarma de un sector que advierte sobre el riesgo de que las libertades individuales y colectivas se vean seriamente comprometidas.