En medio de la cuenta regresiva para definir las leyes aprobadas por la oposición, el presidente Javier Milei confirmó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. La medida se oficializó este jueves a través del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial y el proyecto volverá al Congreso de la Nación, donde deberá ser tratado nuevamente.

El texto había sido sancionado el 22 de agosto en el Senado con 62 votos a favor y ocho en contra. La iniciativa establecía un plazo de un año de emergencia, con recomposición salarial, incremento presupuestario y prioridad en la asignación de insumos médicos esenciales.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la norma “carece de financiamiento genuino” y que presenta una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”. Además, advirtió que generaría distorsiones salariales dentro del sistema de salud, comprometería programas esenciales y afectaría la coparticipación federal.

La administración nacional señaló que la exención en el pago de Ganancias prevista en el proyecto implicaría una merma de más de 115.000 millones de pesos para el Tesoro. También cuestionó que los fondos para la ley debían ser reasignados de la partida ya disponible en el Ministerio de Salud de la Nación.

“Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, había adelantado una fuente cercana a Casa Rosada, en referencia a los 65.573 millones de pesos que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), demandaría la aplicación de la norma.

La emergencia pediátrica había surgido tras los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, que llevaron adelante movilizaciones para exigir aumentos salariales y mayor presupuesto. El proyecto declaraba a este centro de salud como hospital de referencia nacional en pediatría de alta complejidad.

La norma también contemplaba un ajuste salarial inmediato para el personal de salud que atiende a la población pediátrica, incluidos los residentes nacionales de todas las especialidades. Además, establecía que la actualización de haberes no podía ser inferior a la percibida en noviembre de 2023 en términos reales.

Otra medida prevista era la eximición del pago de Ganancias para profesionales y residentes que realicen guardias, horas extras o tareas críticas en efectores públicos y privados.

El rechazo a la emergencia pediátrica se suma al veto a la Ley de Financiamiento Universitario, oficializado el miércoles por la tarde. La norma buscaba incrementar la asignación de recursos a las universidades nacionales, pero fue objetada por el Ejecutivo con el mismo argumento de impacto fiscal.

En paralelo, aún se espera la definición sobre la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que anticipa nuevas tensiones con los gobernadores.