El transporte escolar rural en Entre Ríos atraviesa una situación crítica que sus propios prestadores califican de terminal. Este martes, representantes de la Asociación de Transportes Escolares de Entre Ríos (Atera) se reunieron con autoridades del Instituto Becario para plantear la insuficiencia de la última actualización tarifaria y exigir una respuesta política que contemple el incremento real de los costos operativos.

Tras el encuentro, los dirigentes expresaron su malestar ante la propuesta oficial de una readecuación del 3,7% basada en el IPC, cifra que consideran alejada de la realidad marcada por el aumento de combustibles y el mantenimiento de los vehículos. Las autoridades provinciales solicitaron un nuevo plazo hasta el próximo martes para evaluar las planillas de costos y elevar un informe al Ministerio de Economía.

“Perdimos la capacidad de renta”

El presidente de Atera, Marcelo Zorzi, explicó que el conflicto no es nuevo, sino que arrastra un deterioro sostenido desde 2019. “Venimos con una problemática muy grave en el transporte escolar rural. Ya casi perdimos la capacidad de una renta normal para sostener el servicio”, señaló. Según Zorzi, el sector siempre quedó rezagado respecto de los indicadores oficiales: “Si la inflación era un 10%, te daban un 6; si era un 2, te daban un 0.8”.

Por su parte, el tesorero de la asociación, Carlos Panizza, fue contundente respecto al impacto del último mes: “Estamos en una crisis cada vez más grande, el aumento que sufrimos estos 30 días por el combustible nos está llevando a una lenta agonía. El sector cada vez está más afectado”.

Los transportistas detallaron que la estructura de costos se encuentra asfixiada por la carga tributaria y los insumos básicos: “Aproximadamente el 30% es impuesto, un 15 a un 18% es combustible. Después de ahí tenemos que sacar para el resto. La amortización de las unidades ya no existe, no podemos cambiarlas”.

Ante la imposibilidad de renovar la flota por falta de rentabilidad, desde Atera adelantaron que solicitarán formalmente a la Secretaría de Transporte una excepción de dos años para la vigencia de las unidades próximas a vencerse. “Estamos en un rincón del que no podemos salir. Si no hay solución, los chicos van a sufrir las consecuencias porque no vamos a poder continuar brindando el servicio”, advirtieron.

Fuente: APFDigital