El Ministerio de Exteriores de Rusia citó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que vinculaban a ciudadanos rusos con la filtración de audios que comprometen a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Bullrich denunció la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino”, y aseguró que estas maniobras buscarían desestabilizar al gobierno y afectar la economía, incluyendo la cotización del dólar.

En respuesta, la Cancillería rusa emitió un comunicado en el que rechazó “categóricamente” las acusaciones, calificándolas de “infundadas y falsas” y señalando que no se aportaron pruebas. Asimismo, advirtieron sobre el carácter irracional y destructivo de atribuir espionaje a su país y destacaron su compromiso con una cooperación equitativa y respetuosa con Argentina, recordando la cercanía histórica entre ambos Estados.

La controversia surge en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini sobre la filtración de los audios que involucran a Karina Milei en el caso de presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ministra Bullrich afirmó que los responsables actuaron “como en una tortura psicológica”, liberando las grabaciones “en pedacitos” y comparando la maniobra con una operación de inteligencia. Además, mencionó posibles implicancias de Venezuela en el episodio.

Para prevenir nuevas filtraciones, el gobierno implementó estrictas medidas de seguridad, incluyendo la prohibición del ingreso de teléfonos a reuniones de gabinete. Bullrich aseguró que la administración responderá con firmeza a lo que definió como un ataque de “la mafia” y se comprometió a “defender la verdad a muerte”.

La embajada rusa en Buenos Aires, dirigida por Dmitry Feoktistov, subrayó que la mención de agentes rusos en un escándalo político interno argentino es “negativa” y reiteró su postura de cooperación pacífica y estratégica con Argentina. Además, anticipó que las celebraciones del 140º aniversario de las relaciones diplomáticas se llevarán a cabo en un clima de amistad, desvinculado de acusaciones de espionaje.

El episodio ha tensado la relación diplomática y generado un debate político interno sobre la credibilidad de las acusaciones y la gestión de la seguridad en el gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar el origen y la manipulación de los audios, en un clima de creciente polémica y repercusión mediática.

El caso refleja la compleja interacción entre política interna, seguridad estatal y relaciones internacionales en medio de un escándalo que involucra a la familia presidencial.