En ese contexto, el oficialismo aspira a convertir en ley el Presupuesto y la iniciativa de Inocencia Fiscal, mientras que el resto del temario de las sesiones extraordinarias quedaría postergado para febrero. Sin embargo, el camino legislativo no estuvo exento de tensiones. Sobre la marcha, el Gobierno intentó acelerar también la media sanción de la reforma laboral, lo que provocó un tratamiento exprés en la Cámara alta y dejó secuelas en la relación con la principal fuerza opositora.

El apuro oficial derivó en fuertes cruces en el Senado, especialmente por el armado de las comisiones, que —según denunciaron desde la oposición— omitió instancias reglamentarias y alteró el sistema de representación proporcional. El interbloque Popular cuestionó que la convocatoria para conformar comisiones no haya sido avalada por el pleno y denunció que se modificó el esquema D’Hondt en perjuicio del peronismo. Los senadores que responden a José Mayans incluso anticiparon que recurrirían a la Justicia para intentar frenar la implementación de la reforma laboral.

Más allá de esas advertencias, los debates en comisión sobre la modernización laboral y la reforma de la Ley de Glaciares se desarrollaron de manera ordenada, aunque con un ritmo acelerado. El peronismo optó por autoexcluirse formalmente de las comisiones para deslegitimar su funcionamiento, pero participó activamente de las reuniones, aunque sin firmar dictámenes.

Las mayores complicaciones para el oficialismo surgieron en la Cámara de Diputados, donde el tratamiento del Presupuesto terminó por tensar aún más el escenario. El conflicto se desató cuando el texto definitivo incorporó modificaciones al dictamen de mayoría aprobado en noviembre, incluyendo en un mismo capítulo disposiciones que derogaban —mediante su número— las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Ambas normas habían sido aprobadas e insistidas por Diputados y el Senado, con el rechazo de los vetos presidenciales por mayorías superiores a los dos tercios. La inclusión de esas derogaciones en la “ley de leyes”, atribuida en el oficialismo a la influencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue leída por la oposición como una señal política de un Gobierno que se percibe a sí mismo como mayoría parlamentaria, condición que no se refleja en la realidad legislativa.

Esa fragilidad quedó expuesta durante la sesión en Diputados, donde el quórum se alcanzó sobre la hora. La oposición demoró su ingreso al recinto hasta minutos antes del límite reglamentario, poniendo en aprietos al oficialismo. Finalmente, el quórum se completó gracias al aporte de legisladores de Provincias Unidas, pese a su malestar por el trato recibido en el armado de comisiones.

El momento más crítico llegó durante el tratamiento en particular del Presupuesto, al votarse el Capítulo XI. Un nuevo intento opositor por votar artículo por artículo fue rechazado, y luego el oficialismo sufrió una derrota que quebró la sensación de fortaleza que arrastraba desde octubre. El traspié tuvo su correlato horas después en el Senado y dejó en evidencia las dificultades de La Libertad Avanza para sostener mayorías propias.

La secuencia recordó lo ocurrido en el primer tramo del mandato libertario: del éxito inicial con la Ley de Bases —aprobada con apoyos mínimos— se pasó a una acumulación de derrotas durante el período ordinario 2025, en buena medida por errores propios. En el Congreso, cuando un oficialismo muestra debilidad, la oposición endurece su postura.

Con ese panorama, la ministra Patricia Bullrich tomó nota del escenario y anunció el pase a febrero del tratamiento de los temas pendientes de extraordinarias. Senadores clave le advirtieron al Gobierno que no acompañarían la reforma laboral, lo que terminó de sellar su postergación. No obstante, ambos proyectos ya cuentan con dictamen, lo que abre la puerta a eventuales modificaciones y contribuye a distender el clima político.

En paralelo, los senadores dialoguistas confirmaron que votarían el Presupuesto tal como llegó de Diputados, sin aceptar los cambios que desde la Casa Rosada se analizaban para compensar el capítulo rechazado. El oficialismo, de hecho, no tenía garantizada su aprobación si la iniciativa volvía a la Cámara baja.

Así, el viernes 26 el Senado celebrará la última sesión del año, en un Congreso que resultó particularmente adverso para La Libertad Avanza. Será la instancia en la que el oficialismo buscará cerrar el año con una victoria legislativa y sancionar sus primeras leyes desde febrero de 2025.