La investigación por el violento ataque a un adolescente de 17 años, que fue baleado a la salida de un boliche de Gualeguaychú, ingresó en una nueva etapa. El fiscal Jorge Gutiérrez, a cargo de la pesquisa, requirió la elevación de la causa a juicio al considerar concluida la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y sostuvo que existen pruebas suficientes para que los dos imputados enfrenten un debate oral.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías de Natalia Céspedes, que ahora deberá realizar el control de la acusación antes de resolver si el expediente es remitido al Tribunal de Juicio.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando el adolescente salía de un local bailable en la zona del Corsódromo y, tras una discusión y una pelea registrada en inmediaciones de una panadería ubicada en la zona de Concordia y Avellaneda, el conflicto continuó algunas cuadras más adelante.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los dos imputados se retiraron del lugar en un automóvil y volvieron a encontrarse con el grupo en el que se encontraba la víctima. En ese momento, uno de los acusados descendió del vehículo y efectuó varios disparos con una pistola calibre .380 dirigidos hacia la parte inferior del cuerpo del adolescente. La investigación sostiene que realizó al menos seis disparos, de los cuales tres impactaron en la pelvis y en las piernas, provocándole una fractura de tibia y otras lesiones que obligaron a una intervención quirúrgica.

Para la Fiscalía, mientras el presunto autor de los disparos ejecutaba el ataque, el otro imputado permaneció al volante con el vehículo en marcha, aguardándolo para facilitar la huida una vez consumado el hecho. Tras la agresión, ambos abandonaron el lugar dejando al adolescente gravemente herido sobre la vía pública.

Tras el ataque, los supuestos autores permanecieron ocultos en casas de familiares hasta que finalmente decidieron salir y enfrentar la acusación. Concurrieron hasta la sede de la Fiscalía en 25 de Mayo y Mitre acompañados de sus familiares más cercanos, y tras ello se ordenó su detención.

Posteriormente, fueron citados a indagatoria ante el fiscal Jorge Gutiérrez y ambos se abstuvieron de declarar. Luego, en la audiencia ante la jueza Céspedes, y de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que se mantuvieron prófugos varios días y existía una orden de pedido de detención, la magistrada dictó la prisión preventiva por 30 días, que venció a fines de mayo. Luego, a principios de junio, se les extendió la medida por 60 días, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En su requerimiento, el fiscal Gutiérrez atribuyó al joven de 24 años el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, mientras que al imputado de 23 años le atribuyó participación como cómplice de las lesiones graves agravadas.

La acusación se apoya en los testimonios incorporados durante la investigación, las pericias realizadas por la Policía Científica, el secuestro de vainas servidas, la planimetría del lugar del ataque y el análisis de registros fílmicos efectuado por personal de la División Investigaciones, elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, permiten reconstruir la mecánica del hecho y el grado de participación de cada uno de los acusados.

En el requerimiento de remisión a juicio, el representante del Ministerio Público también adelantó el monto de pena que solicitará en caso de obtener una condena. Para el presunto autor material de los disparos requirió cinco años y ocho meses de prisión efectiva, valorando especialmente la utilización de un arma de fuego, la diferencia de edad con la víctima —que tenía 17 años— y el hecho de haber abandonado el lugar sin prestarle asistencia. Para el otro acusado, cuya intervención fue considerada secundaria, solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva, teniendo en cuenta su participación en la huida y sus antecedentes penales computables.

La causa deberá atravesar ahora la etapa de control de la acusación. Si el requerimiento fiscal supera esa instancia sin objeciones que impidan su avance, el expediente será remitido al Tribunal de Juicio, donde se fijará la fecha para el debate oral que definirá la responsabilidad penal de ambos imputados.